El Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba juzgará a los hermanos Favio Ricardo y Daniel Alejandro Barey quienes según el fiscal Federal Enrique Senestrari, continuaron explotando sexualmente a mujeres mayores de edad que se encontraban en situación de vulnerabilidad pese a estar imputados por hechos similares cometidos en mayo de 2008. El representante del Ministerio Público agregó que los acusados "dispusieron, sostuvieron y administraron cinco ‘prostíbulos’ o ‘casas de tolerancia’”, en el centro de la ciudad de Córdoba: Faraón, Play Man, Macarena, Candela y un quinto lugar que, “sin denominación ni cartel que denotara su existencia, se situaba en calle La Rioja 390”.

En todos esos lugares fueron explotadas sexualmente 25 mujeres, “todas ellas de nulos recursos económicos, instrucción incompleta, sin trabajo, residentes en viviendas prestadas y/o muy precarias, casi todas madres solteras o separadas con numerosos hijos a cargo, varias de ellas víctimas de violencia familiar y/o en condiciones de indefensión por diversas circunstancias sociales”, describió en el escrito el representante del Ministerio Público Fiscal.

Para “darles trabajo”, los imputados entrevistaron a las víctimas personalmente o bien, por expresas instrucciones suyas a través de Brenda Artaza, Adolfo Cordero, José Baracat y Agustín Cabrera Reimondi, quienes eran los encargados de los locales. Como conocían las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres, los procesados les ofrecieron desempeñarse en los “bares atendiendo y/o tomando tragos con los clientes para luego prestar los servicios sexuales a los clientes/prostituyentes que así lo pidieran”, explicó Senestrari. Además les exigían “la entrega del cincuenta por ciento del dinero que produjeran y haciéndoles pagar de sus propios bolsillos los gastos de vestimenta, alimentos, medicamentos, carnets sanitarios, etc. Estas exigencias eran aceptadas por las víctimas dado que por su vulnerabilidad no veían otra alternativa que someterse a los designios de los encartados para poder subsistir”, agregó el fiscal.

De acuerdo al informe de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, “casi todas la víctimas rescatadas durante los procedimientos judiciales manifestaron haberse iniciado en la prostitución en los locales y con las personas involucradas” en la causa, añadió el representante del Ministerio Público.

Lavado de activos

Por otra parte, Senestrari llevó adelante una investigación contra los hermanos Barey por lavado de activos. En el requerimiento de elevación a juicio, destacó que desde el 2001 y hasta marzo de 2012, “los imputados Fabio Ricardo Barey y Daniel Alejandro Barey se dedicaron a la Trata de Personas Mayores de 18 años agravada […], a la Promoción de la Prostitución Ajena […] y a la explotación de prostíbulos prohibida por el art. 17 de la ley 12.331 (ley de profilaxis antivenérea)”.

Junto a esa actividad, Mariela Elizabeth Guzmán, Marcela Cristina Andino, Carolina del Valle Rojas, Brenda Yanet Artaza, Mafalda Edith Ceballos, Selva del Valle Ceballos, Marcelina Nora Ceballos, Graciela Mabel González, Daniel Marcos Peralta, Fabián Ariel Peralta y René Alberto Romero -parientes y amigos de los hermanos Barey-, habrían actuado como “testaferros” o “prestanombres” de Fabio y Daniel. “Con un nivel de ingresos que no condice con sus situaciones registrales, todas esas personas habrían adquirido y transferido [mediante actos simulados] bienes inmuebles y vehículos con dinero que proporcionaban los hermanos Barey proveniente de su actividad ilícita”, dijo el fiscal. Todos ellos ahora irán a juicio por encubrimiento agravado.

De esta manera, Senestrari indicó que los imputados, “formando parte del entorno de los hermanos Barey, desplegaban estas actividades que permitían encubrir el origen del dinero obtenido de manera ilícita, dándole apariencia legítima al integrarlo al sistema económico legal”.

Compra venta de decenas de casas, departamentos, lotes, automóviles de alta gama, entre otras cosas, fueron utilizadas en las maniobras de lavado por las que los imputó el fiscal. Además solicitó que varios de ellos fueran decomisados.