Ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2, los fiscales Enrique Senestrari y Abel Córdoba solicitaron hasta 15 años de prisión para un grupo de policías involucrados en maniobras de narcotráfico. El pedido de condena más alto -15 años- correspondió al comisario Rafael Sosa, quien se encontraba a cargo de la Dirección de Drogas Peligrosas y fue acusado de liderar la asociación ilícita; mientras que para el comisario Gustavo González, jefe de Inteligencia en la misma Dirección, reclamaron 12 años, lo mismo que para el comisario Alfredo Seine, con Jefatura de Calle. En tanto, para el imputado Fabián Dattoli reclamaron diez años; ocho para Franco Argüello; cuatro para Cristian Ingas, y un año para Mario Osorio. Todos los imputados pertenecen a la policía de la provincia de Córdoba.

Las acusaciones incluyeron los delitos de asociación, privación ilegal de la libertad agravada, falsedad ideológica de documento público, extorsión, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falso testimonio agravado.

Extorsiones y autonomía funcional

Al alegar ante el Tribunal, los representantes del Ministerio Público destacaron la estructura de la asociación ilícita integrada por miembros de la fuerza policial y un civil, destacaron que Sosa centralizaba todas las decisiones de aquella y precisaron su operatividad entre 2010 y 2013, período en que incursionaron en jurisdicciones como Buenos Aires, San Luis y Corrientes.

También, hicieron referencia al modus operandi de la organización delictiva caracterizado por procedimientos fraguados, inteligencia ilegal, la conformación de expedientes con información falsa. Incluso se comprobó la transcripción apócrifa de escuchas telefónicas. Luego, al presentarse ante la justicia, avalaban esas maniobras. En uno de los procedimientos, luego de detener a una persona, se dedicaban a extorsionar a la familia para que entregue dinero para “arreglar la causa”.

En la valoración de los hechos, los fiscales destacaron que se trata de funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley y que toda la gama de delitos atribuidos a la organización “sólo evidencia desprecio por la legalidad, por la función institucional” que desempeñaban.

“Eran temerarios, y en tanto criminalidad organizada en una fuerza de seguridad que dispone de armamento, recursos especializados, alta capacitación en inteligencia, operativos y logística, está asociación ilícita tuvo como reaseguro latente en todo momento la violencia”, señaló Abel Córdoba, cargo de la Unidad Fiscal de Litigio Oral Estratégico (UFLOE).

“Todo este cúmulo de delitos, corrupción, graves violaciones de derechos, instrumentalización del poder judicial para perfeccionar sus maniobras ilícitas, tuvo la amplitud de la autonomía funcional con que contaban y se habían generado”, concluyó.

El caso

El juicio por el denominado “narcoescándalo” comenzó el mes pasado. El caso tomo estado público en 2013 como consecuencia de una cámara oculta a un supuesto arrepentido (actualmente prófugo y con pedido de captura internacional) que dio detalles de su participación en las maniobras delictivas llevadas a cabo por la Dirección de Lucha contra las Drogas de la Policía de Córdoba.