El fiscal federal Enrique Senestrari solicitó la elevación a juicio de un hombre acusado de trata de personas con fines de explotación laboral. El imputado habría sometido al menos a 29 personas de nacionalidad boliviana, cinco de ellos menores de edad, a extensas jornadas de trabajo en un predio donde funcionaba una fábrica de ladrillos. También habría facilitado la permanencia ilegal de las víctimas en el país.

Por orden del titular del Juzgado Federal N°1 de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, el 7 de agosto de 2013 se allanó un campo ubicado a la altura del kilómetro 5 de la ruta 19, en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas, luego de una denuncia presentada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Durante el procedimiento -del que participaron representantes del Programa de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, la propia AFIP y la Dirección Nacional de Migraciones-, se rescató a hombres y mujeres y menores de edad que vivían en el mismo lugar en el que desarrollaban tareas de corte y  cocción de ladrillos.

La suma de indicios acumulados durante la instrucción permitió al representante del Ministerio Público considerar que existe la suficiente certeza de que en el lugar las familias eran explotadas. En este sentido, se comprobó que los trabajadores, quienes además no se encontraban registrados, vivían hacinados en construcciones precarias que carecían de puertas y ventanas. Si bien algunas construcciones contaban con techos de chapa, en muchos casos apenas un nylon aislaba a las víctimas del exterior. Asimismo, los trabajadores debían utilizar garrafas de gas con conexiones precarias, lo que aumentaba el riesgo.