El ex presidente Fernando De la Rúa declaró hoy como testigo en el juicio que se realiza en los tribunales federales de Comodoro Py por el supuesto pago de sobresueldos a ministros y secretarios durante los gobiernos de Carlos Menem. También brindaron su testimonio el actual presidente del Grupo Banco Provincia, Santiago Montoya, y el ex secretario privado de Martín Redrado, Adrián de Santis.

Junto a Menem son juzgados los ex ministros de Economía, Domingo Cavallo y de Justicia, Raúl Granillo Ocampo, y la ex secretaria de Medio Ambiente, María Julia Alsogaray, entre otros acusados. La hipótesis es que los montos para el pago de los sobresueldos se tomaron de fondos reservados, a raíz de que su régimen especial dificultaba el control estatal y permitía disponer del dinero en efectivo.

El interrogatorio fue iniciado por los representantes del Ministerio Público Fiscal Stella Maris Scandura, Juan Patricio García Elorrio y Juan Manuel Gaset. De la Rúa refirió que cuando asumió la presidencia en 1999 el presunto pago de sobresueldos “era un tema del que se hablaba mucho, sobre todo en la prensa”, pero que en ese momento no tuvo conocimiento directo de que ello ocurriera. Señaló que en el 2005 se lo preguntó a Cavallo, quien le habría dicho que se hacía en función de gastos de representación.

Sobre el mecanismo, señaló que era un modo que tenían los ministros de llegar “a una retribución digna. Había regulaciones confusas, que venían de 1956. Aprendí bastante del tema después, cuando tuve que defenderme en la causa del Senado”.

“Desde la reforma del ‘94 se puede reasignar partidas presupuestarias. Lo malo es que se tomen fondos y se los convierta a gastos reservados y ahí hay que controlar”, continuó. “En el gobierno del doctor Menem, si se hicieron pagos fue como una reasignación, antes de la reforma. En blanco y con recibos. No fue una apropiación, sino defectos administrativos”, evaluó. Luego añadió: “Le dije a De Santibáñez [Fernando, ex jefe de la SIDE] que no se hicieran pagos de fondos reservados a organismos, legisladores, jueces, periodistas, como se decía”. En cuanto a ese organismo, refirió que se le redujo el presupuesto y que de todas formas podía continuar funcionando, a raíz de que “se decía que los fondos reservados se usaban para campaña, legisladores, el presidente. Eso siempre irrita a la opinión pública y era necesario ponerlo como tema. Nos comprometimos y bajamos los fondos reservados”.

El abogado de Cavallo, Eduardo Oderigo, le preguntó si considera que su defendido hubiera percibido las sumas “sabiendo de su origen ilícito”. El ex mandatario contestó que “lo veía muy severo con los fondos de la administración. Me parece que no”.

Luego fue el turno para declarar de Santiago Montoya, actual presidente del Grupo Banco Provincia, quien indicó que fue coordinador ejecutivo de programas financiados por el Banco Interamericano y el Banco Mundial para el desarrollo de políticas sociales, para lo que contaban con una oficina en el Ministerio de Economía. Las consultas de las partes fueron en torno a una “reunión de gabinete ampliado”, en la que Cavallo, según refirió el testigo, dijo que “para aquellos que tienen gastos protocolares, [Carlos] Tacchi les va a explicar de qué manera lo tienen que poner en sus declaraciones juradas’”.

Sobre aquella situación, producida en el marco de una reunión “con alrededor de 100 personas en la que casi seguro estaba toda la cúpula”, graficó que “Tacchi gesticulaba y pasaba una hoja. Parecía una cosa natural, varios tomaron nota”. La acusación que pesa sobre Cavallo es que en aquella reunión le habría dado directivas a ministros, secretarios de Presidencia y a Menem para que consignen en sus declaraciones las sumas incorporadas a su patrimonio en una proporción que "posteriormente les permitiese alegar que esos montos tenían una finalidad salarial compensatoria".

Finalmente, el último en declarar en la audiencia celebrada hoy fue Adrián de Santis, un ex secretario privado de Martín Redrado cuando desde 1991estuvo en la Comisión Nacional de Valores (CNV), con oficina en el Ministerio de Economía. El testigo aseguró que pasaba a cobrar 46 mil pesos/dólares cada mes, primero en el propio ministerio de Economía, donde Luis Murina le “entregaba dinero por gastos reservados”. Sobre esos procedimientos, aseguró que Murina “llamaba y decía ‘vení que ya está lo de ustedes. Me hacía firmar un cuadernito con la fecha y el monto. Sacaba el dinero, fajos de billetes, de un cajón o una pequeña caja fuerte debajo de un placard”.

Luego refirió que tras “una pelea” de su entonces jefe “con Cavallo”, el dinero no se cobró por un mes, pero luego “hizo que fluyera a través de la Secretaría General de la Presidencia”, por entonces a cargo de Eduardo Bauzá. Mencionó que en un primer piso de la Casa de Gobierno lo atendía “Atilio”, cuyo apellido identificó como “Lepre” cuando se le recordó su declaración durante la etapa de instrucción de la causa. Acerca del cambio de procedencia del dinero, el testigo supuso que pudo haber sido dispuesto por “el propio Menem”, es decir “alguien de mayor jerarquía a Cavallo”.

Finalmente, explicó que llevaba la contabilidad de los montos, pero que “no había ningún tipo de rendición”, y que si había remanentes no se devolvían, sino que por el contrario “se adjuntaban al mes siguiente”.

El juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal N°4 -compuesto por Néstor Costabel, Oscar Bertuzzi y Patricia Mallo- continuará el martes próximo, jornada en la que se prevé la declaración de los ex funcionarios Armando Caro Figueroa, Carlos Bastos y Jorge Pereyra de Olazábal, quienes al estar imputados en una parte de la causa que continúa en instrucción estarán relevados del juramento de decir la verdad. Además, los magistrados informaron que mandarán a certificar un informe sobre el estado de salud de Menem de cara a los alegatos -que comenzarían en septiembre-, quien se ausentó del inicio del juicio por presuntas irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA, en la que también es juzgado.