El presidente de la Casa de la Moneda durante los diez años de gobierno de Carlos Menem, Armando Gostanián, será juzgado desde mañana por el Tribunal Oral Federal N°4 en los Tribunales de Comodoro Py. El ex funcionario está acusado del delito de “peculado”, es decir, la sustracción de caudales públicos que estaban a su cuidado, lo que está penado con hasta 10 años de prisión.

Durante el debate oral y público, se buscará dilucidar si Gostanián incurrió en un delito por el presunto pago de sobreprecios a la empresa alemana "Atlantic Zeiser" para la compra de equipos y repuestos de máquina numeradoras de billetes. Según el requerimiento de elevación a juicio realizado por el fiscal Carlos Cearras, se habrían desembolsado entre un 40 y un 50 por ciento de “adicionales” en seis compras, lo que habría resultado en un perjuicio para el Estado calculado en 1.215.205 dólares.

Además de Gostanián, llegan como acusados a esta instancia Juan Carlos Kalfaian, vicepresidente de la Casa de la Moneda desde septiembre de 1989 hasta diciembre de 1999; Rubén Chorbadjian, quien fue gerente general y director del organismo, y Jorge Molina, quien actuó como agente intermediario con “Atlantic Zeiser”. El Ministerio Público estará representado por Diego Luciani.

El exhorto

La causa se inició en octubre de 2005, en base a los testimonios extraídos de un exhorto proveniente de la fiscalía de Sttutgart, Alemania. En el documento se detallaba una investigación penal seguida contra el principal ejecutivo de la empresa “Atlantic Zeizer”, Karl Georg Schillinger, en base a la entrada en vigencia de una ley contra el pago de sobornos a funcionarios extranjeros en el marco de operaciones comerciales internacionales.

Al inicio de la década del ’90, la empresa Atlantic Zeizer (o Az GMBH) proporcionaba sus productos a la Casa de la Moneda argentina. Según consta en ese documento, en noviembre de 1994, una persona se comunicó con Schillinger para informarle que las entregas debían realizarse directamente con la entidad y que se debía transferir, como contrapartida, una comisión del 30 por ciento con respecto al valor del pedido.

En el marco de esas transacciones, se realizaron pagos a Molina, quien fue quién comunicó, en 1998, la modificación del lugar de los depósitos: de un banco en Uruguay a una cuenta en Suiza. En el expediente, consta una nota de octubre de ese año donde se remite a una reunión entre Molina y un “Mister X” en la Casa de la Moneda. Allí se explican los problemas que se habrían producido durante las transferencias.

Fue el banco suizo quién le informó a la fiscalía de Sttugart que el titular era Armando Gostanián y que la cuenta tenía extensión a su mujer y su hijo. En el exhorto se explicaba, además, que durante una conversación telefónica, Molina habría comunicado que además de los pagos a “Mister X”, él debía derivar una parte de las comisiones que percibía a Juan Carlos Kalfaian y Rubén Chorbadjian.

La maniobra

En base a lo detallado en el documento, se estableció que entre 1994 y 1999 la Casa de la Moneda contrató a Atlantic Zeiser y le encargó varios equipos. Estas “contrataciones” tenían la particularidad de que al valor de venta de los productos se les agregaba entre un 40 y un 50 por ciento más de precio. Ese “extra” era estipulado por los funcionarios argentinos, que lo negociaban con el titular de la empresa alemana (Schillinger) a través de Molina, presidente de las empresas Moligraf y Acremo S.A y representante comercial de AZ. Ambos iban alternadamente a la Casa de la Moneda para acordar montos, formas y lugares de pago.

Ese 40 o 50 por ciento adicional era entregado por la firma alemana a Gostanián por medio de depósitos bancarios y a Molina a través de transferencias o en efectivo, quién debía, a su vez, darle un porcentaje a Kalfaian y a Chorbadjian.

Según la normativa de la Casa de la Moneda, las operaciones con montos superiores a 35 mil pesos (como lo fueron todas las operaciones con AZ) debían ser aprobadas por el Directorio. Ese órgano estaba conformado por el presidente, el vicepresidente y el director, es decir, Gostanian, Kalfaian y Chorbadjian. De acuerdo a la acusación fiscal los acusados, a través de expedientes formales, justificaban “las erogaciones de caudales públicos” con el fin de adquirir productos con precios inflados. Esa irregularidad no se podía detectar por que la empresa era la única que fabricaba este tipo de bienes.

La audiencia del debate oral y público comenzará a las 10.