El Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora declaró clausurada la etapa de instrucción y elevó a juicio la causa en la que cinco agentes penitenciarios están acusados de torturar a dos jóvenes detenidos en el Complejo Federal N°1 de Ezeiza, el 9 de diciembre de 2007. De esa forma, el magistrado Jorge Eduardo Di Lorenzo convalidó lo solicitado en noviembre del año pasado por el fiscal federal Sergio Mola en conjunto con el titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Miguel Palazzani, y el fiscal ad hoc de esa dependencia en la jurisdicción, Claudio Pandolfi, en un caso paradigmático para la República Argentina.

La etapa de instrucción contó con la participación de Mariela Cantale y Sergio Quirolo, asignados por la Fiscalía Federal n°2 de Lomas de Zamora  a la unidad temática de violencia institucional.

El proceso judicial fue reabierto luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenara en 2013 a la Argentina por haber dictado penas de prisión perpetua por delitos cometidos por menores de edad, entre ellos las dos víctimas de esta causa, y no haber investigado los crímenes que sufrieron estando privados de su libertad.

Los imputados son el inspector de servicio de la Unidad Residencial II, R.O.C.; el encargado de requisa, J.E.P.; el auxiliar V.D.S.; el ayudante de cuarta S.H.G. y el ayudante P.A.J., quienes actualmente se encuentran detenidos con prisión preventiva. En tanto, el Ministerio Público Fiscal postuló el sobreseimiento de otros cuatro integrantes del Servicio Penitenciario Federal al no encontrarse “elementos de convicción suficientes” para presumir su responsabilidad en los hechos. Los procesamientos ya habían sido confirmados por la sala I de la Cámara Federal de La Plata.

El hecho

En el dictamen presentado ante el juez, Mola y los representantes de la Procuvin consideraron acreditado que, aproximadamente a las 22.20 horas del 9 de diciembre de 2007, integrantes del cuerpo de requisa, junto con el Inspector de Servicio de la Unidad Residencial Nro. II del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, ingresaron al Pabellón “B” luego de que se les comunicara “que se había originado una fuerte discusión entre algunos internos”; una vez allí habrían golpeado a varios detenidos, entre ellos a L.M.M. y C.D.N., “a quienes luego retiraron del Pabellón” y trasladaron hasta la celda de alojamiento transitorio, comúnmente denominada “leonera”.

Una vez allí, indicó el MPF, “los arrojaron al piso, boca abajo, esposados con sus manos a la espalda, para luego proceder a golpearlos fuertemente en distintas partes del cuerpo, mientras las víctimas eran sujetadas por la fuerza”. Después de sacarles el calzado “procedieron a golpearlos con palos y/o bastones en las plantas de los pies, tobillos y pantorrillas, práctica de tortura que se conoce como ‘pata pata’ en la jerga carcelaria argentina”. A la vez, intentaban introducirles los bastones con los que eran golpeados en el ano sin quitarles los pantalones.

En el mismo contexto de golpes y agresiones, los atacantes  les inquirían a las víctimas "¿Dónde están los fierros?" y los amenazaban con bajarles su calificación. Horas después, los dos jóvenes fueron llevados a la enfermería para realizar las curaciones de las lesiones que les habían provocado en la golpiza, mientras que los penitenciarios labraron actuaciones donde insertaron hechos falsos sobre el origen de las heridas “con el objeto de procurar la impunidad de sus actos”. Finalmente, fueron llevados al pabellón en calidad de sancionados.

Por otra parte, Mola, Palazzani y Pandolfi rechazaron la hipótesis esgrimida por la defensa de los acusados, que pretendía inferir que las víctimas “se habrían lesionado durante la pelea previa”, en lo que calificaron como “un claro intento por desviar la responsabilidad”.

“Cabe inferir que estos hechos fueron ejecutados al margen de la ley, en la clandestinidad, ocultando cualquier rastro y previendo su impunidad”, sostuvo el juez Di Lorenzo en el que escrito por el que dispuso la elevación de la causa a juicio oral y público.