La fiscal Palopoli había acusado a María Julia Alsogaray de contratar de manera irregular a pasantes de la universidad pública de Lomas de Zamora para trabajar en la Secretaría de Recursos Naturales. El rol del Ministerio Público fue “llevar adelante el juicio oral por los delitos de peculado en concurso ideal con la administración infiel", explicó la fiscal.

En este sentido, el eje de la imputación a María Julia estuvo basado en la falta de documentación respaldatoria que permitiera probar la veracidad de los pagos que se realizaron durante dos años, a partir de una partida presupuestaria de la Secretaria de Recursos Naturales.

Los hechos, ocurridos durante los años 1993, 1994 y 1995, recién fueron denunciados en 2000, motivo por el cual las oposiciones sobre los plazos razonables se reiteraron en la defensa antes del juicio y también en la etapa de alegatos.

Palópoli explicó que si bien Alsogaray no tenía la administración en forma directa, "la prueba de cargo que la involucra se relaciona con un sumario administrativo que tramitó en la Secretaria, en el cual ella determinó por resolución, que no había ninguna responsabilidad por parte de los funcionarios ante la falta de documentación respaldatoria que justificara el gasto".

"Esta acción constituye un delito de infracción de deber, dado que la resolución administrativa fue la forma de disimular o encubrir la maniobra pergeñada dentro de la Secretaría: estas irregularidades ella las conocía hace mucho tiempo”, precisó la fiscal.

Las pruebas

En cuanto al valor de las pruebas aportadas durante el juicio, Palópoli explicó que “con la prueba del primer semestre del año '93 se pudo determinar, a través de los nombres de los supuestos contratados y los números de documento, haciendo un cruce con el padrón electoral y los registros de la Policía Federal, que esas personas no existían".

Estos elementos permitieron determinar la falsedad de los recibos, que estaban visados por Pascual Antonio Romeo, otro de los imputados en la causa que también resultó condenado a cuatro años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Por último, la fiscal detalló que “con relación a los otros semestres y al resto del año y medio, no existe ninguna documentación respaldatoria que justifique el egreso, siendo que la administración pública debe rendir cuentas de cómo gastó el dinero, y no es el Ministerio Público el que tiene que probar que no lo gastó mal. Como dije en los alegatos, es obligación rendir cuentas, es el control del ejercicio de poder, así como una garantía del ciudadano saber en qué se gastan los fondos públicos".