La Fiscalía Federal N°10 impulsó hoy la acción penal y pidió investigar la difusión de imágenes en televisión, diversos medios audiovisuales y en redes sociales del procedimiento en el que el 3 de noviembre de 2017 se produjo la detención del ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, en su domicilio particular.

En el requerimiento de instrucción -firmado por Juan Pedro Zoni, quien reemplaza interinamente a Paloma Ochoa- fueron imputados un prefecto principal, un subprefecto y dos ayudantes de segunda de la Prefectura Naval Argentina.

La representación del Ministerio Público Fiscal explicó que la causa se originó con una denuncia de Marcelo Parrili radicada el 6 de noviembre ante la sala de sorteos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal porteña. Luego se le acumuló una presentación del mismo día de los abogados de Boudou, Eduardo Durañona y Alejandro Bisbal, y una extracción de testimonios ordenada por el juez Ariel Lijo en la causa en la que precisamente el ex vicepresidente es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y en la que se ordenara su detención.

El Fiscal Zoni reseñó que Parrili manifestó en su denuncia que a primera hora de la mañana comenzaron a difundirse “una serie de fotografías del ex vicepresidente que no guardan relación alguna con la legalidad que debió imperar en el procedimiento de detención a que se hiciera referencia. Una de ellas lo expone descalzo frente a un funcionario de civil y otras lo muestran, con personal de la Prefectura Naval a ambos lados, frente a una biblioteca, una sin esposas y la otra ya esposado”. “Todas estas fotos fueron obtenidas, como se dijo, ilegalmente, en el interior del domicilio del ex vicepresidente”, sostuvo el denunciante.