El titular de la Fiscalía Criminal y Correccional N°9, Martín Niklison, le requirió al responsable del Juzgado Criminal y Correccional N°5, Manuel de Campos, el sobreseimiento de la militante de la agrupación La Poderosa, Micaela Brambilla, quien estaba imputada por atentado y resistencia a la autoridad. Asimismo, solicitó la extracción de testimonios para que se investigue a los efectivos policiales que intervinieron en el procedimiento, en orden a los delitos de falso testimonio y privación ilegítima de la libertad.

En la tarde del 26 de marzo pasado, en la intersección de las calles Río de Janeiro y Díaz Vélez, el Subinspector Leandro Gabriel Sánchez y el cabo 1° Alfredo Bogado –ambos de la comisaría N°11 de la Policía de la Ciudad- intentaban llevarse detenido a un menor de 13 años, en momentos en que apareció Brambilla y los cuestionó respecto al procedimiento.

Aquel día, Sánchez le comunicó a la secretaría de la Fiscalía que habían detenido a Brambilla en virtud de que había cuestionado y obstruido la detención de un menor. Por la complejidad del caso, la secretaria le informó que no se aplicaría el trámite de flagrancia y le indicó al policía que se comunicara con el Juzgado de turno, cuyo responsable ordenó la detención de la mujer, de 25 años.

En sede judicial, el Subinspector declaró que había detenido a un menor y que lo conducían al patrullero cuando apareció Brambilla y “se acercó al personal policial, intentando evitar que el mismo ingresara al menor al móvil poniéndose delante y en un momento sujetándolo, para luego extraer su teléfono celular y comenzar a filmar el accionar policial”, y agregó que “entorpecía el procedimiento filmando y gritando al personal policial”.

Sin embargo, las imágenes captadas muestran algo completamente distinto y evidencian que el personal policial mintió a las autoridades judiciales y dicha mentira es la que motivó que el juez ordenara la detención de Brambilla.

En su presentación, el fiscal señaló que “en la filmación se ve que en el momento en que el menor ingresa al móvil no hay ningún estado de violencia y el oficial Sánchez lo único que le reprocha es que cuestione el procedimiento, pero el oficial tampoco pierde la calma y los demás miembros de la comitiva oficial responden a lo que les expresa la mujer pero siempre en un tono de diálogo tenso pero no violento, se evidencia que la actitud de éstos no tiene nada que ver con la reacción frente a alguien que ha tratado de impedir que se lleven detenido al menor”.

En tal sentido, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que “La resistencia a la autoridad debe ser una conducta que tienda a impedir que el personal policial pueda cumplir con sus funciones y Brambilla se limitó a expresar su opinión sobre el procedimiento. (…) La no entrega del DNI y la no identificación nunca podrían constituir el delito de resistencia a la autoridad, fundamentalmente porque no estamos frente a una acción, en todo caso sería una omisión pero ni siquiera existe la obligación de entregar el DNI; en todo caso el personal policial si considera que existe algún motivo relacionado con un ilícito que haga necesaria la identificación podrá llevar a esa persona a la comisaría a los fines de que sea identificada”. En virtud de ello, consideró que Brambilla debía ser sobreseída ya que no cometió delito alguno.

Por otra parte, el fiscal Niklison señaló que en el sumario se halla “una mentira por parte del personal policial, mentira que origina la detención de Brambilla, razón por la que el Subinspector Sánchez y el cabo Bogado no sólo han cometido falso testimonio sino que además han privado ilegalmente de su libertad a la nombrada”. En ese orden de ideas, puntualizó que “con su conducta el personal policial ha engañado al fiscal y al juez, puesto en funcionamiento el procedimiento judicial previsto para la comisión de delitos y, fundamentalmente, ha ocasionado que Micaela Brambilla se haya visto privada de su libertad durante varias horas”.

En función de ello, el representante del MPF extrajo testimonios y los remitió ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional para que se investigue el accionar policial. La denuncia quedó radicada en el  Juzgado n°22 a cargo de Guillermo Rongo.