23 de noviembre de 2017
23 de noviembre de 2017 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Se investigan presuntos sobreprecios e irregularidades en el proceso licitatorio del programa
La Fiscalía solicitó el embargo de inmuebles, vehículos y embarcaciones de los imputados en la causa del Plan Qunita
La fiscal Gabriela Baigún inició una investigación preliminar que le permitió detectar los activos, luego de que los imputados manifestaron no poseer bienes al momento de ser notificados del embargo durante la instrucción. La valuación fiscal total de algunos de los bienes arroja una suma superior a 3,6 millones de pesos.

La titular de la Fiscalía Nº3 ante los Tribunales Orales Federales, Gabriela Baigún, requirió el embargo de 18 rodados, 21 inmuebles, 1 moto y 4 embarcaciones correspondientes a los imputados de la causa donde se investigan posibles precios excesivos e irregularidades en el proceso de licitación del Plan Qunita. La medida fue requerida tras la instrucción de una investigación preliminar que le permitió a la representante del MPF detectar los bienes, luego de advertir que, al ser notificados del embargo dictado durante la instrucción, los imputados manifestaron no poseer bienes de ninguna índole.

La Fiscalía trabajó con la colaboración de la Dirección de Análisis Económico y Financiero en las Investigaciones de la Procuración General, lo que permitió determinar que la valuación fiscal de algunos de los bienes identificados arrojó un aproximado de 3.600.000 pesos, en base a información solicitada a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y al Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTys).

El requerimiento de elevación a juicio

El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó la elevación juicio de los ex funcionarios Aníbal Fernández, Daniel Gollán y Nicolás Kreplak, entre otros, y de los empresarios a los que se les adjudicó la licitación pública 4/2015 del Ministerio de Salud de la Nación mediante la que se instrumentó la provisión del “Kit Qunita”.

Para el representante del Ministerio Público Fiscal, quedó acreditado durante la investigación que “se abonaron precios excesivos en detrimento de la Administración Pública Nacional y se infringieron las previsiones de la Ley de Contrataciones de la Administración pública”, por un lado, y que el proceso licitatorio se direccionó “desde su principio” en favor de las firmas Compañía Narciso S.R.L., Grupo Diela S.R.L., Dromotech S.A, Fibromad S.A, Delta Obras y Proyectos SA y Fasano S.R.L.

Taiano consideró que los funcionarios deberán responder como coautores del delito de fraude contra la administración pública, en concurso ideal con el de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos. En tanto que los empresarios deberán hacer lo propio sólo por la defraudación. La participación de una única acusada fue calificada como necesaria.

La nómina completa de los acusados es la siguiente: “en el Ministerio de Salud de la Nación cumplían funciones Ana Paula Herrera Viana como coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones, Fanny Clemente Lamas como directora de compras, patrimonio y suministros, Juan Carlos Piccolini como director de Recursos Humanos, Nicolás Kreplak era subsecretario de Medicina Comunitaria, Maternidad e Infancia primero y Secretario de Salud Comunitaria luego (estos últimos tres, además, integraron la Comisión Evaluadora de ofertas de la licitación 4/2015) y Daniel Gustavo Gollan era Ministro de Salud. Por su parte, Alicia Raquel Escobar Atensio era asesora legal, Claudia Ángela Esteban jefa de la Unidad de Asesoramiento Jurídico y Carlos José Tejada subdirector general de Asuntos Jurídicos, todos ellos de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación y Aníbal Domingo Fernández era Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación”, detalló Taiano en el dictamen presentado ante el juez federal Claudio Bonadio. “Por su parte, María Victoria Flores era socia gerente de la empresa la Compañía Narciso S.R.L., Diego Luis Romero era socio gerente de Grupo Diela S.R.L., Leandro Nicolás Flores era director de Dromotech S.A., Sergio Alejandro Lupi era presidente de Fibromad S.A. y Martín Miranda era presidente de la empresa Delta Obras y Proyectos SA. Asimismo, respecto de la empresa Fasano S.R.L., Gustavo Oscar Cilia era accionista y socio gerente, Oscar Micheli y Jorge Omar Artazcoz eran accionistas y Dora María Ruocco era dueña de la compañía”, completó.