El Tribunal Oral Federal de La Pampa dio inició hoy al juicio oral y público que tiene como imputado al ex juez federal subrogante de la ciudad de General Pico, José Antonio Charlín, acusado de ser el autor de reiterados hechos de acoso sexual, laboral y amenazas a empleados y empleadas de esa dependencia, así como de la compra de bienes y renovación mobiliaria con dinero perteneciente a la Secretaría Electoral.

La causa tuvo su origen en 2013 a partir de la denuncia realizada por una de las víctimas, quien se desempeñaba en el mencionado juzgado. El magistrado siguió en funciones hasta julio de 2016, cuando presentó su renuncia. La instrucción estuvo a cargo del fiscal federal Juan José Baric, mientras que en el debate interviene la fiscal de la Procuración General María Luz Castany.

El caso

La investigación se inició en agosto de 2013, a raíz de la presentación espontánea en la sede de la fiscalía federal de La Pampa de una empleada jerárquica del Juzgado Federal de la provincia, en un “estado de aflicción, llanto, angustia y desconsuelo”, según consta en el requerimiento de elevación a juicio.

En esa oportunidad, la denunciante manifestó que la presentación respondía a las “conductas impropias para una persona-más aún para un magistrado- consistentes en insultos; amedrentamientos en forma constante con gritos que indicaban que los iba a dejar sin trabajo a todos; abusos y amenazas”.

Por ese motivo, la fiscalía dispuso de una serie de medidas tendientes a recibir los testimonios de aquellos empleados y funcionarios del Juzgado Federal de General Pico, así como de testigos o damnificados de las conductas atribuidas al ex juez. De igual manera, la investigación se centró en colectar la prueba de cargo sustancial para brindar sustento a las expresiones de los numerosos testigos y/o denunciantes.

En total, los hechos que se le adjudican a Charlin son nueve: la compra de bienes y renovación de mobiliario con dinero perteneciente a la Secretaría Electoral, cuando esos fondos no tienen tales erogaciones como objetivo; situaciones de acoso laboral/sexual por parte del imputado hacia una de sus empleadas, quien detalló haber sufrido comentarios recurrentes e insistentes sobre sus “atributos físicos”, así como roces innecesarios de su dedo sobre su espalda, a modo de pedir permiso cuando necesitaba pasar detrás de ella; los daños materiales a los bienes y al mobiliario del juzgado Federal durante sus ataques de furia, hechos de los que fueron testigos sus empleados en numerosas oportunidades.

En otro de los hechos denunciados, el magistrado habría hecho llamar a cada uno de los empleados contratados de la Secretaría Electoral con el objetivo de que le manifiesten quién los había recomendado para ingresar a trabajar y cuál era su inclinación política, todo ello acompañado con la amenaza de echarlos, ya que él “tenía que ubicar a ‘su’ gente”. También se le atribuyen a Charlín amenazas reiteradas contra un agente fiscal, intimidaciones a otra de las empleadas “limitando su autodeterminación y causándole temor a través de insultos, gritos y términos denigrantes en referencia a ella”. Con respecto a esta última víctima, un testimonio dio cuenta de una supuesta conversación telefónica entre Charlín y un funcionario policial en la cual el entonces magistrado preguntaba “cómo la podrían hacer desaparecer”. La víctima detalló en su declaración testimonial que sufrió un síncope como consecuencia del maltrato que recibió por parte del imputado. Similares relatos fueron aportados por otras empleadas.

En tanto, otra víctima denunció graves situaciones de estrés y violencia psicológica con motivo de los insultos, amedrentamientos y diversas manifestaciones denigrantes por parte de Charlin. En especial, detalló que en una oportunidad el imputado le acercó por atrás una trincheta -cerrada-  a su cuello. Por último, se le atribuye al ex juez federal haber realizado una serie de amenazas dirigidas hacia un fotógrafo de un medio local que quiso retratarlo, en el marco del recuento de votos por las elecciones que tuvieron lugar en agosto de 2015.

Calificación legal

El representante del Ministerio Público Fiscal había señalado en el requerimiento de elevación a juicio que la casi decena de hechos que se le endilgan a Charlín califican en el delito de abuso de autoridad y,  según el caso, en concurso ideal con el de malversación de caudales públicos; en concurso real con abuso sexual simple en situación de violencia de género, con daño en dos oportunidades; en concurso material con amenazas coactivas -agravadas por tener como propósito el de compeler a una persona a hacer abandono del trabajo, en nueve oportunidades- y real por el uso de herramientas amenazantes -en alusión a la trincheta-. Por todos esos delitos “deberá responder en calidad de autor, en la medida en que tuvo el exclusivo dominio del hecho”, concluyó el fiscal.