En línea con lo solicitado por la fiscal de la Procuración General de la Nación María Luz Castany, el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, condenó al ex juez federal de dicha jurisdicción, José Antonio Charlín, a la pena de cinco años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos que tengan cualquier tipo de vinculación con el servicio de administración de justicia por el término de diez años, tras encontrarlo responsable de nueve hechos que se le imputaban, entre los que se cuentan reiterados episodios de acoso sexual, laboral y amenazas a empleados y empleadas del juzgado que encabezaba, así como la compra de bienes y renovación mobiliaria con dinero perteneciente a la Secretaría Electoral, daños a bienes de uso público y coacciones.

El juicio comenzó el 8 de marzo y a los largo de las audiencias declararon decenas de testigos, en su mayoría mujeres, que brindaron detalles de los padecimientos recibidos por parte del ex juez federal. En sus alegatos, la fiscal también había solicitado que, en caso de ser condenado, se informe tal circunstancia al Consejo de la Magistratura y reclamó ámbitos específicos que permitan un mejor abordaje de la violencia de género y el hostigamiento laboral.

En su veredicto, los jueces del TOF hicieron lugar al requerimiento de la representante del Ministerio Público Fiscal y dispusieron que tras darse a conocer los fundamentos de la sentencia –lo que tendrá lugar el próximo 28 de mayo- se pongan en conocimiento de distintos organismos como la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, el Departamento de Medicina Preventiva y Laboral del Poder Judicial de la Nación, el Consejo nacional de la Mujer, el ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación,  la comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, la Administración Nacional Social de Seguridad Social, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de  la República Argentina y de la Ciudad autónoma de Buenos Aires, el fuero federal del Consejo de la Magistratura y jurado de enjuiciamiento de la República Argentina y la Federación Argentina de colegios de abogados.