El 5 de septiembre pasado, el juez Osavaldo Rappa resolvió rechazar la apelación que habían presentado los fiscales Sandro Abraldes y Carlos Gonella junto con el Coordinador del Área de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Procelac, Omar Gabriel Orsi. Los magistrados del MPF buscaban que la cámara revierta la decisión del juez de no tomar declaración indagatoria a los acusados de lavar más de mil millones de dólares de origen delictivo a través de la entidad financiera BNP Paribas.

Por eso, ahora los fiscales Azzolin y Gonella, junto a Orsi, presentaron en queja la apelación directamente ante la cámara. En su escrito, los representantes del Ministerio Público Fiscal señalaron que ya el 23 de junio de 2011 habían solicitado al juez dar el primer paso hacia el debate oral y público del caso mediante la citación a indagatoria de los imputados. Desde ese entonces, los fiscales consideraron que se encontraba holgadamente reunido el estado de sospecha que exige la ley, con independencia de la incorporación de prueba posterior propia del agotamiento de la instrucción. Esta pretensión, sin embargo, fue tácitamente rechazada por el juez al considerar que no era él el que debía investigar la causa sino la justicia federal.

Pero el 3 de octubre de 2011, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional señaló que el proceso debía ser llevado por el juez Parra. A partir de esa decisión, 14 de febrero del año siguiente, se insistió con el pedido de indagatoria de los imputados, requerimiento que fue nuevamente denegado a fines de ese mes. Ya esa decisión, señalaron los fiscales, “implicó lisa y llanamente un alzamiento contra la decisión de la Cámara”, debido a que el tribunal “afirmó la existencia de un ‘caso’ al considerar que ‘existen sospechas sobre la existencia del delito precedente, circunstancia que permite presumir que existen serios indicios sobre los aspectos fácticos de la conducta ilícita que pretende investigar el fiscal como hipótesis inicial’”.

Finalmente, el 29 de agosto pasado, la fiscalía efectuó una nueva presentación, rebatió la argumentación desarrollada por el juez e insistió con el llamado a indagar. Pero el juez Rappa decidió, nuevamente, no hacer lugar a la solicitud.

Los representantes del MPF resaltaron ante la cámara que, habiendo transcurrido más de dos años desde la primigenia solicitud fiscal, el proceso penal no cuenta aún con el anuncio de la imputación formulada por el titular de la acción pública, es decir, el fiscal de la causa, ni de las evidencias en contra de los imputados, imprescindible a la hora de transitar los pasos procesales que corresponden seguir. “En este sentido es claro que el transcurso de tan extendido lapso, que se suma al ya empleado para reconstruir una maniobra en sí compleja, afecta notoriamente las perspectivas de éxito de la investigación, toda vez que el juzgador ha hecho ingresar al proceso en un profundo letargo, sin adoptar una resolución que permita someter el punto a la mirada de un tribunal de alzada”, señalaron Azzolin, Gonella y Orsi.

Ahora, la cámara deberá resolver, primero, si corresponde que sea aceptado el recurso y, luego, si tiene razón el juez Rappa o bien los fiscales, que buscan indagar a todas las personas que se encuentran investigadas por haber lavado más de mil millones de dólares.

Los hechos

El fiscal Sandro Abraldes, que había intervenido en un primer momento en la causa, comprobó la existencia de una organización criminal clandestina, bajo la órbita de la sucursal de Buenos Aires del banco BNP Paribas, cuya actividad -decidida por su máxima jerarquía institucional nacional e internacional, y co-ejecutada por sus dependientes- era “administrar carteras de inversiones con procedencia delictiva, aplicadas en sucursales de plazas extranjeras de la misma entidad financiera –y por un monto total cercano a los mil millones de dólares estadounidenses-, mediante una estructura idónea y procedimientos especialmente diseñados para evadir los controles establecidos en materia de lavado de activos".

Según se pudo reconstruir a partir de la investigación de los fiscales, los clientes que concurrían a la oficina del piso 25 de Leandro N. Alem 855 no lo hacían para concretar sus negocios jurídicos particulares con Philippe Yves Henry Joannier, ni con Christian Marie Francois Giraudon o Alexis Nicolás Quirot de Poligny -algunos de los directivos del banco-, tal como declararon, sino que “buscaban (…) proveerse de los servicios ilegales ofrecidos por la sucursal local de una entidad financiera con estructura y renombre internacional”. De esta manera, los fiscales señalaron que desde la entidad financiera se concretó una asociación para administrar, en el mercado financiero mundial, capitales de procedencia delictiva.