Esta mañana, comenzó el juicio contra cinco ex funcionarios del Ministerio de Economía, que llegaron a esta instancia acusados del delito de “defraudación por administración infiel en perjuicio de la administración pública”. El proceso oral está a cargo en el Tribunal Oral Federal N°3, integrado por los jueces Jorge Humberto Gettas, Miguel Guillermo Pons y Fernando Ramírez. En representación del Ministerio Público, se desempeñan la fiscal General Stella Maris Scandura y los fiscales ad-hoc Diego Velasco y Juan Manuel Gaset, en tanto que la Oficina Anticorrupción actúa como querellante. A lo largo del debate se buscará dilucidar si la ex directora General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, Yolanda Eggink; el ex subsecretario Legal de la cartera, Osvaldo Siseles; el ex director de Asuntos Judiciales de Entes Liquidados, Daniel García; la ex abogada de la Dirección de Asuntos Judiciales, Beatriz Pernas, y el ex subsecretario de Administración y Normalización Patrimonial de la Dirección General de Administración del Ministerio, Juan Cayetano Intelisano, beneficiaron al Grupo Greco en detrimento de los intereses del Estado, en base a un acuerdo firmado durante la presidencia de Raúl Alfonsín.

En el caso, el Estado pasó de reclamar 500 millones de pesos y alegar que no tenía ningún tipo de deuda, a consentir una decisión que lo obligaba a desembolsar 332 millones, en función de documentación acompañada unilateralmente por los abogados de Greco. Para el fiscal de instrucción Miguel Ángel Osorio, los imputados Pernas, García, Eggink y Siseles en 2005 incumplieron con los cargos que les fueron asignados y procuraron un “beneficio indebido” para el grupo empresarial, “obligando abusivamente al Estado y comprometiendo los intereses patrimoniales”, cuando se decretó el pago de esa cifra. Intelisano, por su parte, habría consolidado la acción ilícita comenzada por los otros acusados, mediante la suscripción de los requerimientos de pago y las cartas de gerencia.

El Grupo Greco era un conglomerado de empresas relacionadas con la industria vitivinícola. En 1980, luego del vaciamiento y caída del Banco de Los Andes (relacionado con el Grupo), el gobierno de facto dictó una serie de leyes que ordenaron intervenir el conglomerado. Los titulares fueron encarcelados y liberados en 1984, lo que originó un reclamo de su parte hacia el Estado.

En agosto de 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, se firmó un convenio en donde Greco acordó ceder al Estado Nacional un número de empresas a cambio de restituir el paquete accionario de otras sociedades que habían sido intervenidas. El pacto fue aprobado por decreto y homologado luego judicialmente. El convenio nunca se cumplió, por lo que en noviembre de 1991 los representantes del Grupo promovieron una acción judicial que recayó en la justicia civil y comercial federal.