Daniel Adler, titular de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Mar del Plata, interpuso un recurso de casación para que se revoque la excarcelación de tres policías acusados de robar tres kilos de cocaína en un falso operativo. Los imputados, que además comercializaron gran parte de la droga y usaron el restante para “plantárselo” a una persona y así detenerla ilegítimamente, estaban detenidos desde junio de 2014, y una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata les concedió este beneficio, en lo que fue considerado como un fallo "arbitrario" por parte del representante del Ministerio Público Fiscal. Los acusados prestaban funciones en la Comisaría de Sierra de los Padres, junto con otro policía que también recuperó su libertad. El día que se detuvo a los agentes, en junio de 2014, uno de los dos civiles también imputados fue asesinado a balazos en un caso aún no esclarecido. Y un acto intimidatorio llegó a las puertas de la sede local del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Uno de los motivos por los cuales se hizo lugar a la excarcelación fue, según el fallo, la carencia de complejidad del caso, a pesar de que, tal como señala Adler, la misma Cámara había considerado exactamente lo contrario en julio de 2014. El tribunal esbozó a su vez el prolongado tiempo de instrucción de la causa como argumento válido para determinar la excarcelación, cuando en realidad esa etapa se encuentra ya concluida y se está a las puertas del juicio oral. “La gravedad del caso es evidente”, alertó el fiscal coordinador de Distrito. Sin embargo, en la última semana fueron excarcelados tres de los imputados, casi tres meses después de que el cuarto consiguiera también su libertad, por resoluciones de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. Ante ello, se presentaron tres recursos de Casación.

Los hechos

El 5 de mayo de 2011, según la hipótesis fiscal, cuatro policías “emboscaron” a otro de los imputados, que tenía en su poder tres kilos de clorhidrato de cocaína fraccionados en “tizas”, y que habría sido delatado por un civil asociado a ellos, junto a otro cómplice más, en una maniobra realizada en calle 238 y avenida Luro. Esa misma tarde, el detenido fue llevado a la comisaría distrital 14ª de Sierra de los Padres, por una supuesta averiguación de identidad, para que los policías pudieran apoderarse allí de la droga.

Horas más tarde, cerca de las 22, tres de los policías involucrados planearon y llevaron adelante un procedimiento fraguado que terminó con una persona detenida durante cinco días de manera ilegítima. Le “plantaron” diez tizas de cocaína, se confeccionó un acta con información falsa y figuró como testigo uno de los civiles, aunque nunca estuvo en el lugar.  Esto quedó en evidencia a través de las escuchas realizadas, y se concretó “para mejorar la imagen de la policía de esa localidad frente a críticas de los vecinos sobre el desempeño policial y con ello conformar a sus superiores”, según consta en el requerimiento de elevación a juicio. A partir de una llamada registrada el día posterior a estos hechos, se evidencia cómo uno de los imputados comienza a hablar en código con otro y le anuncia que les habían quedado "3 K... tres quintana" (3 kilos de clorhidrato de cocaína), a lo que éste le contesta: "Ya me pongo en campaña", para luego hablar del dinero que dejaría la operación.

La detención

El 5 de julio de 2014, se detuvo a los policías, mientras que uno de los civiles involucrados fue asesinado a balazos en un hecho aún no esclarecido. A la par, se inició una nueva causa en la Justicia Federal por un acto intimidatorio a magistrados: en momentos en que funcionarios se encontraban dentro del edificio del Ministerio Público Fiscal de la Nación, dos automóviles con vidrios polarizados (uno de ellos sin patente) cruzaron raudamente la calle en dirección a la puerta de la sede, enlentecieron su marcha hasta casi detenerse con sus ocupantes observando desde el interior, para inmediatamente acelerar y marcharse del lugar.

Frente a los hechos imputados, la conclusión de Czizik fue contundente: “Utilizaron bienes, recursos humanos asignados por el Estado; y aún más, actuaron en nombre de éste último, en lo que fue el desarrollo de la prosecución del delito, abusando de sus funciones, fraguando el procedimiento de averiguación de antecedentes con falsos testimonios; privando ilegalmente de su libertad y falsificando instrumentos públicos”. “Sinceramente –señaló más adelante- nos causa perplejidad que los mismos policías que se encuentran encargados de prevenir y combatir el narcotráfico, tomen droga de un narcotraficante a quien debieran haber aprehendido, y la pongan a la venta, y como si fuera poco, la utilicen para mejorar las estadísticas de su desempeño, a costa de un ciudadano inocente y en evidente situación de vulnerabilidad”.

La resolución de la Cámara, con voto en disidencia

Los dictámenes excarcelatorios de la Cámara fueron con los votos divididos en los cuatro casos. Alejandro Tazza y Jorge Ferro argumentaron dar libertad a los imputados, mientras que Eduardo Jiménez se opuso, al sostener que entiende "inoportuno disponer una medida que podría provocar la eventual sustracción o entorpecimiento del accionar judicial por parte de los procesados, cuando la causa se encuentra en condiciones de ser en breve remitida a juicio oral". Al contrariar el argumento del lapso de tiempo que llevan detenidos los policías, Jiménez reparó en que “efectivamente se ha prolongado el tiempo de la instrucción (…) pero resulta claro que el mismo no puede imputarse a la inacción judicial sino a la estrategia de la defensa”.

De hecho, Ferro en su voto, al que adhirió Tazza, repara en “el tiempo que ha demorado la instrucción” y tiene en cuenta que “los hechos que motivaron la presente instrucción datan del mes de mayo de 2011”, aunque la fecha de detención recién fue en junio de 2014.  Un dato no menor, que fue remarcado por el fiscal general en los recursos presentados este jueves, es que la causa ya cuenta con requerimiento de elevación a juicio desde noviembre de 2015, firmado por el fiscal federal Nicolás Czizik.

A su vez, Jiménez puso de relieve “la gravedad de los hechos que se investigan, la calificación legal de los mismo y la pena en expectativa que presentan”. Y ante ello, más adelante, reparó en que la Cámara Nacional de Casación Penal había concluido que “el tiempo de detención que registraban los encausados, no resultaba excesivo en atención a la complejidad del delito investigado”.

El MPF recurre a Casación

En los escritos presentados -el primero en noviembre de 2015 y los restantes este jueves-, el fiscal coordinador de Distrito, Daniel Adler, entendió que los fallos de las excarcelaciones han incurrido “en graves defectos de motivación propios de la sentencia arbitraria”.

En primer lugar, indicó que los jueces de la Cámara omitieron valorar “el avanzado estado procesal de la causa”. “El voto del Dr. Ferro, al cual adhiere el Dr. Tazza, se fundó en el prolongado tiempo de instrucción del caso, omitiendo considerar que la causa ya cuenta con requerimiento de elevación a juicio”, destacó.

Además, el fiscal general mencionó la omisión de situaciones que permiten fundar objetivamente la presunción de entorpecimiento judicial, como lo han sido las actitudes intimidatorias sufridas por magistrados del Ministerio Público Fiscal el mismo día en que se detuvo a la banda policial y que incluso uno de los civiles imputados fue asesinado.

Asimismo, el representante del MPF sostuvo que “el fallo ha incurrido en graves contradicciones”. “En efecto –señaló- se ha considerado en la resolución excarcelatoria que no se está frente a un hecho complejo, cuando en la resolución que denegó la excarcelación (con fecha 18 de julio de 2014) se expresó exactamente lo contrario”. Ante ello, el fiscal comprendió que “estas cuestiones llevan a considerar arbitrario el fallo”.

Por último, hizo hincapié en que “la gravedad del caso es evidente”. “No se trata, justamente, de un hecho sencillo: que la policía robe droga, la venda y la utilice para fraguar procedimientos no sólo es gravísimo, sino que no ha resultado sencillo el avance de la causa hasta estos tiempos procesales”, sostuvo.