En una audiencia maratónica que se extendió durante cinco horas, las partes expusieron sus fundamentos sobre la responsabilidad de los ocho jóvenes imputados por una docena de hechos de amenazas, ataques contra inmuebles, lesiones y de conformar una organización para cometer estos delitos en función de proclamas neonazis. Las defensas cuestionaron el fallo de primera instancia y pidieron la libertad de los seis acusados que se encuentran encarcelados. Por su parte, el Ministerio Público Fiscal sostuvo la acusación y argumentó que “existe riesgo procesal concreto y no abstracto”.

Durante su alocución, el fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones Daniel Adler, quien estuvo acompañado por los fiscales Laura Mazzaferri y Nicolás Czizik y el secretario Carlos Martínez, cuestionó que se hable de peleas “entre dos grupos antagónicos”. “Es inadmisible comprar un grupo con otro, como se ha querido hacer acá. Las ideas nazis o de apartheid territorial han sido condenadas no sólo internacional y nacionalmente, sino también vernáculamente cuando esta Cámara se expresó en la causa por un video de apología del nacional socialismo”.

Enseguida, desestimó que haya detrás de la causa una discusión política –como introdujo uno de los abogados defensores-, y señaló: “Acá, hay una discusión por graves violaciones a los derechos humanos. Hay víctimas golpeadas, dejadas en el piso inconscientes, grupos que salen de noche de cacería como las SS en los años '40. Esto no se puede permitir, porque justamente estos grupos no tienen tolerancia hacia el otro”.

El fiscal general destacó la “profunda raíz democrática” de la ley antidiscriminatoria, imputada a los jóvenes en concurso ideal con el artículo 213 bis. Más adelante, pidió a los jueces Alejandro Tazza, Eduardo Jiménez y Jorge Ferro, revisar con racionalidad el auto de procesamiento firmado por el juez Santiago Inchausti.

A continuación, planteó  la necesidad de sostener el procesamiento. “Las pruebas son contundentes”, dijo. Por otro lado, cuestionó otro de los dichos de las defensas: “¿Escuché que las manifestaciones de las víctimas no sirven? Esa ha sido justamente la estrategia de impunidad”, sostuvo. Y refirió que las causas fragmentadas en la Justicia Provincial evidenciaban “una visión mínima de este conflicto”. “Con la posibilidad de acumular los hechos y tener una visión de conjunto, afloró la verdad: la persecución de las minorías por parte de este grupo organizado, minorías que deben ser protegidas por el Estado”, añadió.

Como segundo punto central, pidió que se sostenga la denegatoria de excarcelaciones porque, sostuvo, existe “riesgo procesal concreto”. Por un lado, señaló que la causa se sigue instruyendo, detrás de la identificación de algunas personas. “Es obligación del Estado no sólo investigar con seriedad a los autores materiales de los hechos, sino también a sus instigadores”, apuntó. E hizo hincapié en que hubo testigos amenazados, que hay una persecución a la comunidad trans, y también testigos con temor que se negaron a acudir al reconocimiento de los imputados.

En primer lugar, las defensas habían cuestionado los procesamientos de sus defendidos. En orden, expusieron las defensoras oficiales Natalia Castro –en defensa de Gonzalo Paniagua y Nicolás Caputo- y Paula Muniagurria –quien actuó por Alan Olea, Oleksandr Levchenko y Marcos Caputo- y le siguieron Agustín Robbio, defensor de Franco Martín Pozas, y Sebastián Barletta, en representación de Giordano Spagnolo.

Las cuestiones técnicas fueron desarrolladas en su mayoría por las defensoras oficiales, quienes plantearon la “inaplicabilidad” de la ley antidiscriminatoria y la “inconstitucionalidad” del artículo 213 bis que configura la asociación ilícita. Cuestionaron a su vez el procesamiento, al que calificaron como “confuso, selectivo y arbitrario” y adujeron que las imputaciones eran por “hecho globales”.

Otro argumento usado por las defensas fue circunscribir los ataques producidos en Plaza España y los daños y amenazas perpetradas en el bar de uno de los denunciantes, a “enfrentamientos” entre bandas, motivados por supuestas agresiones previas al grupo imputado.

Por otro lado, los abogados y abogadas pidieron la libertad de sus defendidos, aduciendo que no había peligro de fuga ni posibilidad de entorpecer la investigación, y a su vez, cuestionaron el monto del embargo, fijado por el juez de primera instancia en un millón de pesos.

Antes de concluir la audiencia, Adler planteó que “la mejor garantía para los imputados es la pronta resolución de esta Cámara, para que este proceso sea abordado en juicio oral y  público”.