El fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Daniel Adler, dictaminó a favor de que se habilite la instancia para el tratamiento de un amparo contra el decreto del Poder Ejecutivo que estableció la intervención por 180 días de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). Más aún, requirió que el Ministerio Público Fiscal (MPF) sea constituido como parte, al considerar que este “se encuentra obligado a intervenir y adquirir el carácter de parte en aquellos casos en que, por su especial relevancia, se encuentre comprometida la legalidad constitucional”.

El dictamen tiene lugar luego que la justicia de primera instancia rechazara una medida cautelar solicitada por Daniel Osvaldo Francés, ex miembro del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (Cofeca), organismo creado con “el objetivo de colaborar, asesorar y realizar el seguimiento de la Ley de Medios” e integrado por representantes de las provincias, sindicatos, empresas privadas, universidades nacionales y medios públicos, entre otros. Al requerir el amparo, Francés –quien ocupaba un lugar en el Cofeca en representación de la Asociación de Radiodifusores Bonaerenses e Interior de la Argentina)- había sostenido que tanto el decreto que intervino la AFSCA como aquel que traspasó sus funciones hacia el flamante ministerio de Comunicaciones de la Nación violentaban principios constitucionales tales como la división de poderes, resultando en una “amenaza concreta al derecho de libertad de expresión de todos los ciudadanos, al pasarse de una autoridad de aplicación autónoma y plural, a un delegado del Presidente de la Nación (ministro), todo ello por un decreto de necesidad y urgencia”. La justicia federal de primera instancia rechazó el amparo bajo el argumento de que el solicitante no contaba con legitimación activa y, en consecuencia, consideró la inexistencia de controversia.

Derecho para accionar

Contrariamente a la resolución de primera instancia, el fiscal general Daniel Adler afirmó que el agravio, el interés y el derecho para accionar por parte del damnificado resultaban “claros”. Para fundamentar tal posición, enumeró la multiplicidad de facultades y competencias inherentes al cargo que ocupaba en Cofeca, entre las cuales se encontraba, por ejemplo, remover a los directores de la AFSCA por el voto de los dos tercios y proponer pautas para la elaboración de pliegos y condiciones para las adjudicaciones de licencias. “Tenía una multiplicidad de facultades, deberes y misiones que cumplir conforme la ley, las cuales fueron abrogadas por los decretos cuyo validez cuestiona”, afirmó Adler.

Respecto a la interposición del amparo, el representante del MPF indicó que se trataba de un instrumento adecuado para el presente caso. “El amparo es un procedimiento excepcional que, como este caso, puede ser utilizado cuando, por la carencia de otras vías legales aptas, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales”, señaló. En su presentación, Adler precisó que los decretos del Poder Ejecutivo fueron atacados por entender el actor que resultan manifiestamente ilegales ya que alterarían la estructura de autoridades que componen la estructura de gobierno de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “No se trata de una simple burocracia, sino que la estructura de esa autoridad responde a una integración con expectativas de pluralidad y representación de diversos sectores de la sociedad, cuyo entramado previsto en la ley tiende a garantizar la libertad de expresión, tanto en su faz individual como social”, consignó.