Luego de una investigación dirigida por el fiscal federal Nicolás Czizik, a cargo de la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata, trece personas –entre ellas cinco policías- fueron procesadas con prisión preventiva: nueve acusados de trata de personas y comercialización de estupefacientes, dos de ellas por tenencia ilegal de armas, y otras dos por el comercio de drogas, de acuerdo a la resolución del juez federal Santiago Inchausti. Eran 23 las personas trans explotadas sexualmente en la "zona roja" marplatense, sobre la avenida Luro y la avenida Champagnat, muchas de las cuales eran obligadas a la venta de droga.

La organización, que se dividía el territorio en dos zonas, se valía de la exposición en la vía pública a la que debían someterse las víctimas, como única alternativa de obtener indigentes ingresos económicos, dada la marginalidad social a la que se encuentran sometidas por su identidad de género.

El juez Inchausti dispuso, a su vez, el decomiso de una camioneta Fiat Ducato azul, que una de las principales imputadas utilizaba, acompañada por su pareja, para recorrer las zonas de explotación, a modo de vigilancia sobre las víctimas.

La investigación se inició a partir de una llamada anónima recibida en la línea 145, que daba cuenta de la presunta explotación sexual de personas trans, con la posible connivencia policial de la comisaría de la jurisdicción. La instrucción quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que encomendó tareas investigativas y escuchas telefónicas a personal de la División Antidrogas de la delegación local de la Policía Federal Argentina.

Explotación sexual y venta de droga en la calle

Cuatro policías y otras cinco personas están procesados por integrar una organización criminal, que bajo una distribución de roles y el supuesto propósito de proteger a personas trans que se encuentran en situación de prostitución en las denominadas zonas rojas marplatenses, gobernaban su voluntad, las captaban, facilitaban su permanencia en el país y en la ciudad y decidían el desarrollo de la actividad sexual, estableciendo dónde, cuándo y cómo estas personas debían vender su cuerpo -aprovechándose de su situación de vulnerabilidad- y las obligaban a la venta de estupefacientes. En los procedimientos realizados el 12 y 13 de mayo se incautó material estupefaciente que estaba destinado a ser vendido al menudeo en la denominada zona roja.

De acuerdo a la investigación, las víctimas eran sancionadas con la imposición de multas, e incluso el impedimento del ejercicio de la actividad, en caso que desobedecieran las órdenes impartidas por los imputados, además de tener que abonar sumas de dinero a la organización para poder permanecer en la zona.

De acuerdo a la investigación, las víctimas eran sancionadas con la imposición de multas, e incluso el impedimento del ejercicio de la actividad, en caso que desobedecieran las órdenes impartidas por los imputados.

La organización utilizaba su estructura también para el comercio de estupefacientes, que entregaban a las mujeres -en algunos casos a las personas víctimas de trata- para que luego ellas la comercializaran en las calles donde eran explotadas.

Bajo el amparo policial

De acuerdo a la resolución judicial, la organización, al menos desde febrero de 2014 hasta mayo del corriente año cuando se realizaron los allanamientos, contó con la protección de efectivos de la fuerza policial provincial para operar en las zonas rojas, quedando liberadas para las conductas delictivas imputadas.

Cuatro policías resultaron procesados por su participación necesaria en la trata de personas y en el comercio de estupefacientes.

Además, dada la posición de dominación que otorga la pertenencia a una fuerza policial, bajo la amenaza de privar a las víctimas de su libertad, los funcionarios policiales entregaban con fines de comercialización sustancias estupefacientes para que luego ellas las vendieran. Incluso, para garantizar el éxito en un beneficio económico, las han detenido, utilizando a veces modos denigrantes como obligarlas a desnudarse, a modo de advertencia si se negaban a las condiciones que imponían, lo que generaba un temor en las personas trans de perder su único ingreso de subsistencia. Cuatro policías resultaron procesados por su participación necesaria en la trata de personas y en el comercio de estupefacientes.

Las víctimas

Las víctimas, que eran explotadas en la zona de avenida Luro y en la zona de avenida Champagnat, evidencian las mismas características: mujeres de escasos recursos y altamente vulnerables -es decir, se encontraban en situaciones económicas precarias y en situaciones familiares que las colocaba en riesgo para su futuro-,  quienes se habían visto forzadas por tal estado de necesidad a ejercer la prostitución y abandonar su país de origen. De ello se valieron los imputados, sabiendo que por esa condición estarían a su disposición por el tiempo que lo necesitasen.

Son en total 23 personas trans, de entre 20 y 42 años, con ese común denominador: son mujeres pobres, vulnerables y discriminadas por su condición de género: dieciséis traídas desde Perú, cuatro argentinas, dos de Ecuador y una de Brasil.

A algunas de ellas les costearon los pasajes, otras vivían en la casa de los explotadores. De acuerdo a sus relatos, una contó no tener padres; otras tener 7 y 9 hermanos, una aseguró provenir de una familia humilde del campo, otra de ellas contó no saber leer ni escribir, una joven dijo tener solo estudios primarios. Y hubo relatos distintos pero coincidentes: la necesidad como motor para trasladarse, el viaje a Argentina por la discriminación sufrida en Perú, entro tantos otros.

La organización utilizaba su estructura también para el comercio de estupefacientes, que entregaban a las mujeres -en algunos casos a las travestis víctimas de trata- para que luego ellas la comercializaran en las calles donde eran explotadas.

Para el juez quedó demostrado el contexto de explotación y restricción a la libertad en la que se encontraban las víctimas: obtención de dinero fruto de la explotación bajo la fachada de aportes inocuos a una organización que lideraba una de las involucradas; cobro de dinero para poder ejercer la prostitución; situación de control dado que vivían en las mismas viviendas que sus explotadores, quienes también recorrían las esquinas donde debían ofrecerse como mercancías; uso de la fuerza física; subordinación generada a través de un buen vínculo, carencia de situación migratoria regular y engaño para que vengan a esta ciudad, entre otras.

La investigación continúa no obstante con declaraciones de otras víctimas y el análisis de los teléfonos incautados en los procedimientos.