29 de marzo de 2024
29 de marzo de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Las matanzas de pueblos originarios de 1924 y 1933
"Mataron a muchos", declaró el único sobreviviente vivo de las masacres de Napalpi y El Zapallar
Pedro Balquinta, de alrededor de 107 años, prestó testimonio en la investigación preliminar abierta por la Unidad Fiscal para investigar si se cometieron crímenes de lesa humanidad en esas cruentas represiones a pobladores indígenas y campesinos.

El fiscal de la Unidad de Derechos Humanos de Resistencia, Diego Jesús Vigay, tomó testimonio ayer por la tarde a Pedro Balquinta, único sobreviviente de las masacres de pueblos originarios de Napalpi y El Zapallar, perpetradas en 1924 y 1933, en el marco de la investigación preliminar recientemente abierta por el Ministerio Público Fiscal por la presunta comisión de crímenes contra la humanidad en esos episodios. Balquinta, nacido según su DNI en 1917 -año en el que fue inscripto en el Registro Civil- pero con una edad calculada en 107 años, prestó testimonio en su vivienda del Paraje San Lorenzo Colonia Necochea, situado a unos 300 kilómetros de la capital provincial. El lugar fue alguna vez zona de monte, pero hoy predomina la explotación sojera del suelo.

Hasta allí, llegó Vigay acompañado por el secretario Lelio Balbiani. Durante el acto, estuvo presente la pareja del nieto de Balquinta, quien ofició como traductora de la lengua Mocoví; el presidente de la asociación civil Napalpi y director de Cine y Espacio Audiovisual del Instituto de Cultura provincial, Albino Juan Oscar Chico, y Juan de Jesús Longo, integrante de la misma repartición, quienes registraron audiviosualmente la declaración testimonial. Además de constituir un archivo histórico, el video servirá para mejorar el acta obtenida durante la audiencia dado que "se trabajará con un traductor oficial, porque hubo algunas dificultades con frases y palabras, que tienen que ver con una cuestión generacional", explicó Vigay.

Balquinta habla muy pocas palabras en castellano y tiene muchas dificultades para oír. La mayoría de sus expresiones son en la lengua originaria. "Fue una audiencia especial porque hay que levantar la voz, repetir las preguntas, aguardar la traducción y luego aguardar la respuesta, que a veces se da con interrupciones", explicó el fiscal, quien además indicó que se aprovechó el registro fílmico para pedirle a Balquinta que efectúe un relato sin preguntas que lo interrumpan.

"Mataron a muchos"

Balquinta rememoró que en aquél momento vivía junto a su madre, su tío y otros integrantes de la familia y señaló que "en la reducción Napalpí eran Mocovíes los que estaban" aunque también "había unos cuantos paisanos. Había hacheros y obrajeros". El sobreviviente añadió que allí "mataron a muchos" y que luego "los taparon en un pozo grande, un solo pozo".

En relación a los hechos ocurridos en El Zapallar, Balquinta describió que "era un pueblo chiquito pero había como tres mil personas cuando fueron para matarlos, pero no pudieron matarlos a todos". El testigo añadió que "los mocovíes fueron a buscar trabajo a El Zapallar" y que por ese motivo habían ido a caballo.

"Los cabecillas -continuó Balquinta- iban adelante. Por eso mataron a los cabecillas", recordó -en referencia a los miembros asesinados de las comunidades originarias. "Estaba el cacique Duran, que vivía en Las Tolderías; esas tierras son de los criollos hoy", explicó el testigo.

"Vinieron dos camiones con policías", continuó. "Tenían un cuchillo en la punta", dijo, sobre las armas empleadas, presuntamente una suerte de ballestas. "Murieron como 18 mujeres. Perdieron todos los caballos", agregó.

La denominada masacre de Nalpalpi sucedió el 19 de julio de 1924, cuando 130 policías y un grupo de civiles partieron desde Quitilipi hasta Napalpi por orden del gobernador del territorio nacional del Chaco, Fernando Centeno, para acallar el reclamo de integrantes de pueblos originarios y de criollos que exigían una justa retribución por la cosecha de algodón o poder salir a trabajar del territorio chaqueño hacia los ingenios de Salta y Jujuy, donde se ofrecía mejor paga.

Nueve años después, el 9 de septiembre de 1933, la policía perpetró la denominada Masacre de El Zapallar -hoy General San Martín. Unos 70 habitantes de las etnias toba y mocoví fueron acribilliados durante la petición de alimentos y ropa en el contexto de una hambruna generalizada.

"La tradición del relato oral"

El fiscal Vigay señaló a Fiscales que la pesquisa continuará con pedidos de documentación al Congreso de la Nación de la sesión de la Cámara de Diputados donde ser interpeló al ministro de Gobierno de la época a partir de un pedido de diputados socialistas, se requerirán fotos al Museo del Hombre del Chaco y material publicado por los diarios de la época al Museo de Medios.

Las medidas de prueba también incluyen la solicitud al Poder Judicial de un viejo expediente abierto en la época. "Vamos a invitar a todos los investigadores que han llevado adelante trabajos y publicaciones para que puedan incorporar a la causa y puedan prestar testimonio sobre lo que han sido las investigaciones y aportes que puedan realizar. Existen como diez trabajos, interesantes y complementarios entre sí. La idea es incorporar los que incluyen entrevistas a Melitona, un sobreviviente que falleció hace un par de años, y entrevistas al mismo Balquinta hace realizadas dos años", explicó Vigay.

"Tenemos pensado es constituirnos en las comunidades y tomar testimoniales a descendientes de los sobrevivientes de ambas masacres, porque entendemos que en la tradición del relato oral de la cultura de los pueblos originarios está la posibilidad concreta de terminar de reconstruir -con la documental- de la manera más integral posible ambas masacres", añadió el fiscal.

La investigación en curso es preliminar, un procedimiento previsto en la ley de MPF para que los fiscales puedan iniciar investigaciones frente a la sospecha de un delito. El proceso podría derivar en una denuncia penal o, por las características de los casos, en el requerimiento de apertura de un juicio por la verdad, posibilidad que se impulsará en caso de no existir imputados con vida.