El viernes 14 de octubre, el juez federal a cargo del Juzgado Federal Nº 3 de Mendoza, Marcelo Garnica, dispuso el procesamiento de 25 personas por conformar una asociación ilícita fiscal (art. 15 inc. c- de la ley 24.769) en la causa más importante de evasión tributaria de la provincia de Mendoza. La maniobra que se les atribuye a ahora procesados consiste, fundamentalmente, en haber intervenido en la confección, ofrecimiento en venta y distribución a contribuyentes de facturas apócrifas que habrían sido utilizadas para la generación de crédito fiscal espurio o simulación de costos, permitiendo de esta manera a los contribuyentes usuarios reducir indebidamente la base de cálculo de los tributos a cuyo pago estaban obligados (IVA y Ganancias).

La causa se originó con  la presentación efectuada el día 3 de junio de 2015 por la jefa de la Sección Penal Tributario de la Dirección Regional Mendoza de la AFIP­DGI. El organismo recaudador había puesto en conocimiento de la recepción de una denuncia que involucraba al estudio contable de uno de los principales imputados y organizador de la asociación ilícita fiscal –quien actualmente se encuentra prófugo-, en la que se daba cuenta de la utilización de empresas creadas por el titular de ese estudio contable o firmas reconocidas del medio -a las que se les escaneaba el formato de sus comprobantes- para ofrecer dichas facturas –crédito fiscal- y se las ofrecían a todos  los posibles usuarios del crédito fiscal improcedente, por sí o mediante intermediarios, a fin de que aquéllos seleccionen los comprobantes a adquirir, determinando la empresa “proveedora”, el  concepto de la factura, el monto de la operación, y la fecha.

Además, surgió también la intervención activa y con un rol de relevancia -también como jefe u organizador de la asociación ilícita fiscal- de otro contador –el que también se encuentra prófugo-, quien conjuntamente con el dueño del estudio contable antes nombrado, encabezaba la organización de carácter ilícito dirigida a la comisión de delitos tributarios.

Por ello, el fiscal Fernando Alcaraz, a cargo de la Fiscalía Federal Nº2 de Mendoza, el año pasado requirió la instrucción formal de la causa y solicito la producción de una serie de medidas (para lo cual se había solicitado colaboración al área de tributario de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos).

Posteriormente, una vez producidas las mismas, con el total de la prueba recolectada más la primeramente aportada por la AFIP, en fecha 18 de abril de 2016, requirió la imputación de varios de los intervinientes, imputación que se amplió con la posterior presentación de la AFIP-DGI quien interviene como Querellante en la causa, lo que dio lugar a la imputación de los 25 sujetos que han sido procesados más los dos sujetos que por encontrarse prófugos no han podido ser indagados.

Resulta oportuno destacar que la importancia y trascendencia de la presente causa radica no solo en la cantidad de sujetos y empresas que se encuentran involucradas sino en el hecho de que las maniobras descriptas habrían redundado en un perjuicio fiscal que, como mínimo, superaría los ciento sesenta y seis millones de pesos ($166.000.000,00) que dejaron de ingresar a las arcas del Estado Nacional a causa de la compensación ilegítima efectuada por los usuarios-contribuyentes domiciliados en la jurisdicción de la Dirección Regional Mendoza de AFIP-DGI del crédito fiscal inexistente para la liquidación del IVA y del Impuesto a las Ganancias.