Adrian García Lois, a cargo de la Fiscalía Federal de Primera Instancia Nº 2 de Lomas de Zamora, solicitó ante la justicia que se les tome declaración indagatoria a nueve guardias del Servicio Penitenciario Federal que trabajan en el Complejo Penitenciario 1 de Ezeiza. Se trata de los agentes Daniel Sebastian Cardozo, Roberto Isabelino Aranda, Gustavo Jacobo Barni, José Luis Arregin, Diego Turiano, Adrian Tomasoni, Alejandro Hugo Montero, Oscar Alberto Urrutia y Diego David Vivero. En la causa se investiga la muerte de Pablo Federico Tello, un interno que se encontraba detenido en el complejo de Ezeiza simplemente por haber quebrantado la obligación de realizar un tratamiento de rehabilitación impuesto por la justicia. Debido a los golpes que le dieron los guardias del Servicio Penitenciario, el joven falleció.

Los hechos

En el pedido de indagatoria, García Lois narra que los padres de Tello señalaron que entre la fecha en que su hijo ingresó al complejo carcelario de Ezeiza y su derivación al Hospital Penitenciario Central de esa ciudad (lo que ocurrió entre el 30 de agosto y el 2 de septiembre de 2010) había sido víctima de una golpiza por parte de agentes penitenciarios de la unidad. Según los médicos que lo atendieron, Tello había ingresado al Hospital Muñiz con meningitis, un “trauma cráneo-facial con fractura de techo de orbita” por el cual podría haber perdido el ojo y otros golpes en el rostro y en el cuerpo.

Del análisis de la historia clínica, el primer fiscal que intervino en la causa pudo comprobar que la muerte del joven había sido consecuencia directa de los golpes que habría recibido en el Complejo de Ezeiza, a manos de “cuatro agentes de dicho complejo, […] que le habrían golpeado la cabeza contra una pared”. Luego de que el trámite de la causa quede radicado definitivamente en la justicia federal de Lomas de Zamora, García Lois consideró que si bien aún no puede endilgársele lo sucedido a nadie particular (los testimonios recabados no han logrado esclarecer lo sucedido con Tello, así como tampoco la víctima, antes de morir, logró señalar a los autores), de todas maneras “no puede pasarse por alto la responsabilidad que les cabe a los agentes penitenciarios de los cuales solicito su declaración indagatoria”.

Para el fiscal, esos agentes tenían un deber especial de cuidado respecto de Tello mientras estuvo alojado en el establecimiento carcelario. En este sentido, el magistrado del MPF señaló que resultaba imposible que ninguno de los oficiales advirtiera las evidentes y visibles lesiones que padecía el joven. Y sin embargo, ninguno hizo nada para cuidar de la salud de Tello.

El pedido del fiscal

De esta manera, para García Lois, ya sea por haber tolerado la golpiza, o por advertir el grave estado que el interno tenía sin dar inmediata intervención médica, ni formalizar la denuncia, correspondería escuchar en indagatoria a los encargados, jefes e inspectores de turno y celadores que estuvieron a cargo de los pabellones de Ezeiza en los que Tello estuvo detenido. Sobre todos ellos recae una sospecha por los delitos de abandono de persona calificada, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado.

Por otra parte, ante la gravedad de los hechos, el fiscal también solicitó que se comunique el pedido de declaración de indagatoria a los oficiales a la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal. El objetivo es que este organismo adopte como medida preventiva la separación de los imputados de cualquier función que implique contacto con personas detenidas.