“Es una política de estado”,  dijo el fiscal Jorge Di Lello, a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal Nº1. El representante del MPF destacó que lo importante es que el Estado recupere las viviendas allanadas para llevar adelante, con diferentes organizaciones no gubernamentales, asociaciones de vecinos, entre otros, diversas actividades sociales. Asimismo, resaltó que la investigación, entre otras cuestiones, tiene por finalidad demostrar la “real” existencia de una organización que opera en el Sector Playón de la Villa 31 del Barrio de Retiro.

Para el representante del MPF  hay motivos suficientes para “presumir” de la existencia de un hecho ilícito vinculado a la comercialización de estupefacientes, en los domicilios allanados.  Por ello, consideró importante contar con la presencia del Estado  para evitar “la proliferación de conductas” comprobadas y “frenar el avance de otras organizaciones criminales” que se disputan ese territorio por su estratégica ubicación.

En este sentido, el representante del MPF señaló que  estamos ante “una organización que lleva a cabo diferentes e ingeniosas maniobras que les permite mantener resguardadas sus identidades, principalmente mediante la utilización de adictos para las ventas al menudeo que van cambiando periódicamente y el temor que infunden en los habitantes de barrios ajenos al negocio, para evitar que brinden información de quienes desarrollan tareas de inteligencia en la zona”.

La causa se inició en agosto de 2012 a raíz de un llamado anónimo a la División Operaciones Metropolitanas de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA, que denunciaba que en el Sector Playón de la Villa 31 del Barrio de Retiro se comercializaba droga.

Jorge Di Lello señaló que gracias a las tareas realizadas por el personal de la División Antidrogas Urbanas de la PFA , y por la tarea de la fiscalía en buscar “alternativas eficientes para poner fin a las actividades delictivas”,  se logró individualizar gran parte de los domicilios donde se llevarían adelante actos ilícitos vinculados al comercio de estupefacientes.

El fiscal federal, además, hizo especial hincapié en la importancia de los allanamientos, y en que el expediente “no quede sólo en  una causa judicial”, sino más bien, en recuperar esos espacios desde el estado nacional y brindar actividades sociales “que permitan a las instituciones gubernamentales cuyo compromiso de trabajo en conjunto se ha recabado, con el objeto de lograr la permanencia del Estado en la zona aludida, permitir su expansión y desarrollo en el barrio”, para evitar que se multipliquen este tipo de conductas ilícitas. De esa forma, se generarán “espacios útiles para la contención y desarrollo” de las familias que “ajenas a las circunstancias ilícitas señaladas, ven diariamente vulnerada su libertad producto de las amenazas e intimidación”.

Desde la dependencia del Ministerio Público afirmaron que del procedimiento participaron los equipos de asistentes sociales y psicólogos del Instituto del menor de la Ciudad de Bs As, censando en todas las casas donde se ingresó y no se encontró droga. De esa forma se buscaba determinar si esas familias eran presionadas a dejar sus casas para utilizarlas como espacios para la comercialización de estupefacientes.

Hacia el final, la fiscalía explicó que “con el paso del tiempo y la proliferación del negocio ilegal, les ha dado la necesidad de acrecentar (a la banda) su territorio y para ello han recurrido al miedo y a la intimidación, cuando no a lesiones o incluso la muerte, para ir usurpando diferentes viviendas (…) que posteriormente fueron utilizados como puntos de venta, lugar de almacenamiento de drogas y/o armas, como así también de otras empresas de objeto ilícito, como ser la prostitución o el juego clandestino”.