La titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°4, Cristina Caamaño Iglesia Paiz, postuló el archivo por inexistencia de delito de una investigación seguida contra las autoridades de la Unidad N°28 del Servicio Penitenciario Federal, en orden a los delitos de desobediencia a un funcionario público y vejaciones a una persona privada de su libertad, en perjuicio de un detenido que habría pasado más de diez días alojado en un centro de detención de tránsito.

La investigación se inició a raíz de la extracción de testimonios dispuesta por el responsable del Juzgado Nacional en lo Criminal N°17, Roberto Ponce, a fin de que se investigue si las autoridades del Servicio Penitenciario Federal habían incumplido su orden, del 19 de julio pasado, de alojar a Sergio Reynaldo Aráoz –quien se encontraba detenido, imputado por robo, en el Centro de Detención Judicial denominado Unidad N°28- en alguno de los establecimientos penitenciarios pertenecientes a dicha institución.

En su requerimiento, la fiscal Caamaño sostuvo que “si bien no escapa al conocimiento de la suscripta que el ciudadano Sergio Reynaldo Aráoz habría estado alojado durante aproximadamente diez días en un centro de detención de tránsito, no apto para un alojamiento permanente y definitivo, lo cierto es que tal escenario no puede ser atribuido a las autoridades de la Unidad Nº 28 del Servicio Penitenciario Federal”.

Al solicitar el archivo de la investigación, la fiscal sostuvo que no “no parece razonable achacarles responsabilidad a dichos funcionarios (de la Unidad 28 del SPF) por una cuestión que excede por completo su órbita, y que trasciende a dicha institución, esto es, la problemática del sobrepoblamiento de las unidades penitenciarias a nivel nacional".

Agregó que, de acuerdo a la prueba que obra en el sumario, “el Servicio Penitenciario Federal no habría incumplido con la orden que le fuera impartida en reiteradas oportunidades por el Magistrado a cargo de la detención de Araoz, sino que por el contrario habría agotado todos los recursos disponibles para localizar al susodicho en alguna unidad federal, no siendo posible ello en razón de la falta de cupos en la totalidad de los establecimientos”.

En tal sentido, señaló que “no parece razonable achacarles responsabilidad a dichos funcionarios por una cuestión que excede por completo su órbita, y que trasciende a dicha institución, esto es, la problemática del sobrepoblamiento de las unidades penitenciarias a nivel nacional; máxime si tenemos en consideración que durante ese período de tiempo, desde la Unidad 28 se habrían cursado diariamente solicitudes a los distintos establecimientos penitenciarios peticionándoles un cupo para alojar a Aráoz”.

Por ello, la representante del Ministerio Público Fiscal postuló el archivo de las actuaciones, por considerar que no habían incurrido en delito alguno.