El fiscal federal Franco Picardi pidió hoy el procesamiento de los dos acusados de realizar reiteradas amenazas de bomba por teléfono al Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA). Ambos imputados habían sido detenidos el sábado durante una serie de allanamientos, y el lunes se negaron a declarar en el marco de la causa delegada en la Fiscalía Federal 5.

El representante del Ministerio Público Fiscal encontró acreditado que uno de los imputados realizó al menos 15 intimidaciones en el transcurso de este año, principalmente en los últimos meses. En tanto que al restante acusado se le endilga la realización de una amenaza, que forma parte de las 48 que se sucedieron desde junio del año pasado y se intensificaron en 2016, con un pico en abril y mayo.

Las intimidaciones fueron recibidas en diferentes  abonados instalados en el predio ubicado en la Avenida del Libertador 8151 de la Capital Federal, como así también en los “servicios de emergencias 911 y que iban dirigidas en perjuicio de dicho predio", reseñó el fiscal federal en el escrito presentado ante el juez Luis Rodríguez.

A través de intervenciones telefónicas, registros de comunicaciones y tareas de inteligencia realizadas por el Departamento de Inteligencia y Crimen Organizado de la Policía Federal Argentina y la Dirección de Captación de las Comunicaciones del Poder Judicial, se logró la identificación de los imputados. A pedido de Picardi, el magistrado ordenó los allanamientos que se llevaran a cabo el sábado, en los que se produjeron las detenciones y se secuestró más de una veintena de teléfonos celulares -incluidos los utilizados en las llamadas- y chips de líneas telefónicas prepagas; no obstante ello, continúan analizándose e investigando otras comunicaciones. La calificación legal del delito por el que el fiscal pidió el procesamiento es intimidación pública, prevista en el artículo 211 del Código Penal: la norma establece que “será reprimido con prisión de dos a seis años el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarmas, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos”.

El representante del MPF señaló que la conducta de los acusados “tuvo por fin quebrantar la tranquilidad pública, específicamente impedir el desenvolvimiento normal del Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos -predio de la ex Esma-”. Además, le solicitó al juez que “ordene a la Superintendencia de Administración de la Policía Federal Argentina, la realización de un estudio que tenga por fin evaluar el costo económico de cada operativo desplegado a raíz de las intimidaciones públicas investigadas”, para así determinar el monto del embargo aplicable cuando se dispongan los procesamientos.

Sobre ese punto, Picardi advirtió que “no se trata sólo de los costos de la administración de justicia consistentes en salarios de empleados, gastos edilicios e insumos de oficina, sino de los costos derivados de cada operativo policial, la evacuación de las personas que se encontraban en el Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y todo lo que ello conllevó, incluyéndose la interrupción de las actividades planificadas y los recursos que puso el Estado a disposición”.