El titular de la Fiscalía de Instrucción del Distrito de los barrios de Saavedra y Núñez, José María Campagnoli, solicitó la elevación a juicio de la investigación seguida contra los responsables del Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO) y de la Sociedad Rural Argentina (SRA) por las maniobras relativas a la venta de terrenos del Parque Tres de Febrero pertenecientes al espacio público. Asimismo, solicitó la anulación de la operación y la restitución del espacio al Gobienro de la Ciudad de Buenos Aires.

En su extenso dictamen, Campagnoli solicitó que Carlos Sánchez, Hugo Nésto Pifarré, Eduardo Ordoñez, Juan María Anchorena, Carlos Francisco Dellepiane y Rubén Daniel Lusich, en su calidad de directivos del BAPRO fueran sometidos a juicio oral, como coautores del delito de malversación de caudales públicos.

En relación a los directivos de la SRA y representantes de sus empresas allegadas Horacio Foster, Enrique Claudio Crotto, Raúl Etchebehere, Rodrigo Arboleda Halaby, Mario Roberto Eijo de Tezanos Pinto, Néstor Edgardo Eijo, Juan Alberto Ravagnán y Jaime Alberto Bernasconi, y los funcionarios del BAPRO, Juan Carlos González, Carlos Alberto Simone, Luis Antonio Walter y Vicente Oscar Francos, el representante del Ministerio Público Fiscal requirió que fueran enjuiciados por el mismo delito, pero en calidad de participes necesarios.

Asimismo, consideró que las conductas desplegadas por los imputados debían concurrir idealmente con el delito de malversación, ya que “el fraude al Banco Provincia de Buenos Aires constituye una malversación en sí misma, imputable a los funcionarios directores de la entidad en calidad de autores y a los miembros de la Sociedad Rural Argentina como partícipes necesarios; pero esta maniobra formó parte de la malversación del Predio Ferial de Palermo como maniobra general”.

La presentación de Campagnoli se produce luego de que los jueces de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Juan Esteban Cicciaro, Mariano Scotto y Ricardo Pinto, confirmaran los procesamientos a los directivos de la entidad bancaria y la SRA.

En su contundente requerimiento, el fiscal detalla los vaivenes de la investigación iniciada en el año 2000, y las conductas desplegadas por los directivos del Banco Provincia de Buenos Aires que otorgaron un crédito millonario a la Sociedad Rural Argentina, para que construyera un complejo de compras y entretenimiento sobre los terrenos del Parque Tres de Febrero, y el accionar de los directivos de la SRA y los funcionarios de las distintas administraciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para lograr la venta del espacio público y zanjar las prohibiciones existentes en las normativas catastrales para el emprendimiento.

El dictamen de Campagnoli concluye con la solicitud al titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N°14, Ricardo Farías, para que anule la venta del predio ferial de Palermo y lo restituya al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, advirtiendo respecto al eventual episodio de malversación que constituiría la apropiación del terreno por parte del Estado Nacional, de darse cumplimiento al decreto PEN 2552/2012.

También solicitó que se anulen los registros de los planos que autorizaban la obra y el otorgamiento del crédito brindado por el BAPRO, pudiendo la entidad bancaria solicitar el pago de la deuda contraída.