El fiscal federal Carlos Rívolo requirió la elevación a juicio de cinco personas acusadas de comercializar estupefacientes, de manera organizada, en el barrio porteño de Flores. Al momento de ser detenidas, durante una serie de allanamientos realizados en octubre del año pasado, se secuestraron más de 15 kilos de cocaína distribuidos en cientos de envoltorios pequeños, bolsas y “ladrillos”, además de otros casi siete kilos y medio de marihuana.

En el pedido formulado al titular del Juzgado Federal N°12, Sergio Torres, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró “completa la instrucción de la causa”, que tiene como imputados a Juan Pablo Ledesma, Leonardo Luciano Rojas Amezquita, Francisco Javier Alcalde Giménez, Cristel Almonacid Mendoza y Verónica Esther Suárez Rivera, y solicitó que sea enviados a juicio oral y público.

Calificación legal

Rívolo señaló que la conducta atribuida a los imputados “configura el delito de comercio de sustancias estupefacientes, agravado por haber sido cometido con la intervención de tres o más personas de manera organizada; a título de coautores (art. 5° inc. “c”, con el agravante del art. 11 inciso “c”, ambos de la ley 23.737 y art. 45 del Código Penal)”. Además, a Rojas Amezquita se suma el  delito de tenencia de un arma de guerra sin la debida autorización legal, ya que se le encontró en su esfera de custodia una pistola marca Tanfoglio Force Compact, calibre .45, apta para disparar.

En todos los casos la calificación fue confirmada por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones del fuero el 27 de diciembre pasado, al resolver los recursos de apelación interpuestos por las defensas de los acusados, de nacionalidad peruana.

La investigación

La pesquisa comenzó tras una llamada al 911. Las tareas investigativas fueron encomendadas a la División Operaciones Antidrogas Urbanas de la Policía Federal, e incluyeron inteligencia e intervenciones telefónicas. De los más de medio centenar de elementos probatorios reunidos surgió que Ledesma coordinaría “encuentros con distintas personas para entregarles material estupefaciente, a través de la modalidad ‘delivery’”, en la zona comprendida entre las calles Puan, Balbastro y Carabobo, Balbastro y José María Moreno, Santander, Saraza, Carabobo y Castañares.

A su vez, el hombre se abastecía en la remisería “La Family” y un kiosko ubicados en las inmediaciones de la Villa 1-11-14. Almonacid Mendoza era la encargada en el primero de los lugares, en tanto que Suárez Rivera y un hombre -que se encuentra prófugo- hacían lo propio en el kiosko, lo que fue registrado en filmaciones. Alcalde Giménez , por su parte, es ex pareja de Cristel y comercializaría en su casa.

La profundización de la pesquisa “develó la intervención en los hechos de Leonardo Luciano Rojas Amezquita, alias ‘El Negro Leo’,  quien ocupaba un estrato superior en la cadena de distribución y tenía como función la provisión de droga a Cristel Almonacid Mendoza”, precisó el fiscal federal en el requerimiento.

“Los lazos de amistad  y familiaridad que existían entre los imputados que fueron debidamente probados a través de lo actuado por el personal preventor y por lo que surge de las escuchas telefónicas que se practicaron sobre los teléfonos celulares que utilizaban ayudaron a facilitar su organización. De esta manera, se probó que, entre algunos de ellos, se compartían los lugares de venta y proveedores, y se prestaban cooperación mediante el uso compartido de automóviles”, explicó Rívolo. Y agregó: “Debemos remarcar que en total fueron secuestrados alrededor de 15.173,67 gramos de cocaína y 7.467,27 gramos de marihuana, tijeras, balanzas de precisión y gran cantidad de dinero, entre otros elementos. Todo este cuadro probatorio no hace más que confirmar que la droga incautada tenía como destino la comercialización, a la que se dedicaban los imputados como actividad habitual”, indicó el fiscal.