Los titulares de la la Fiscalía General Nro. 3 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal; de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia; y de la de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Gabriela Baigún, Federico Carniel y Diego Iglesias, respectivamente, interpusieron recurso de casación contra una resolución del 29 de diciembre pasado, en la que rechazó dictar su incompetencia para continuar supervisando la ejecución de la pena impuesta a Carlos Alberto Salvatore por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 -que integra-, por los delitos de estafa procesal y falsificación de documentos públicos.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal advirtieron en el recurso suscripto en conjunto que “es evidente que el principal interés de Salvatore radica en que se le conceda el beneficio de la prisión domiciliaria” en el legajo que cuenta con condena firme y una pena ostensiblemente menor -dos años y dos meses de prisión- a los 21 años de prisión que en 2015 le impuso el Tribunal Oral Federal de Resistencia por el contrabando de alrededor de una tonelada de cocaína y asociación ilícita. En ese sentido, hicieron hincapié en que las decisiones que se toman en el legajo de ejecución en la justicia federal porteña “repercuten en las demás causas seguidas contra Salvatore”, en las que tienen intervención los propios Carniel e Iglesias, “y pueden poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos de política criminal del Ministerio Público Fiscal, así como los compromisos asumidos por el Estado nacional en la lucha contra el narcotráfico”.
La resolución cuestionada por el Ministerio Público Fiscal
El recurso de casación se interpone contra la mencionada resolución, en la que el juez de ejecución decidió rechazar in limine la petición de incompetencia formulada por Baigún por cuanto “la causa registrada del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia aún no se encuentra firme, por lo que no reviste calidad de condena efectiva a efectos que sea aquélla judicatura que continúe con la ejecución de la pena impuesta, siendo en el marco de estos actuados la única condena firme”.
Los doctores Baigún, Carniel e Iglesias consideraron que “La resolución dictada por el TOF N° 6 resulta arbitraria, pues soslayó las particularidades del caso que habían sido puestas de manifiesto por el Ministerio Público Fiscal y omitió dar respuesta a los argumentos brindados por esta parte al momento de efectuar el planteo de declinatoria de competencia”. Agregaron que “la circunstancia de que la sentencia condenatoria dictada por el TOF de Resistencia no haya adquirido firmeza obsta, por sí sola, a que el cumplimiento de la pena impuesta por el TOF N° 6 pueda ser objeto de contralor por parte de aquella judicatura. Sin embargo, para llegar a tal conclusión, el TOF N° 6 no indicó de qué premisas partía; no desarrolló argumentos ni hizo mención a ninguna normativa aplicable”.
Por otro lado, los fiscales remarcaron que se omitió dar tratamiento a una serie de cuestiones introducidas en la petición de incompetencia:
Sobre el estado de salud
Tras enumerar las diversas intervenciones de Baigún en las que se pronunció en contra de conceder la prisión domiciliaria, los fiscales recordaron que la defensa argumentó que Salvatore sufre “un notable proceso de deterioro en su salud que el sistema del S.P.F. (Servicio Penitenciario Federal) no está en condiciones de absorber” y que, además, “padece hoy día de hepatitis aguda medicamentosa” que sus abogados “atribuyeron a una supuesta mala praxis médica por parte de los galenos penitenciarios”, que para los representantes del MPF quedó demostrado “está muy lejos de ser cierto”.
Por el contrario, indicaron que se sospecha que el abogado condenado habría “ingerido medicación no prescripta, provocándose a sí mismo patologías para generar una internación extramuros”. El 10 de noviembre del año pasado -cuatro días antes de una junta médica- “se encontraron en poder del interno medicamentos no prescriptos y contraindicados para un individuo de su condición médica”, reseñaron los fiscales en el recurso. Por ese hecho se formó una causa penal que tramita en la justicia federal de Lomas de Zamora, que tiene competencia para investigar los delitos que puedan tener lugar en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, donde Salvatore se encuentra detenido.