El fiscal general Diego Luciani solicitó que se rechace el pedido de la defensa de la ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Romina Picolotti, para extender la autorización para residir en los Estados Unidos por motivos laborales hasta el 17 de junio de 2017. El representante del Ministerio Público consideró que, de ampliarse, se “torna verdaderamente ilusoria la posibilidad de que el juicio oral y público se desarrolle en el corto plazo”. A la ex funcionaria, se le imputa haber utilizado -entre julio de 2006 y diciembre de 2008- dinero asignado presupuestariamente a la dependencia que encabezaba para solventar gastos personales.

En su dictamen ante el Tribunal Oral Federal N°6, el fiscal general hizo un repaso del “derrotero” de la cuestión. En ese sentido, recordó que ya había postulado su rechazo a la autorización por varios motivos: el riesgo de fuga que implica el establecimiento “en un lugar diferente de donde se la debe juzgar por el grave delito que se le atribuye”; el contrato de trabajo en ese país fue realizado con anterioridad a la solicitud, “es decir, se decidió modificar el domicilio real sin autorización ni comunicación”; no fueron claras las circunstancias relativas al contrato en cuestión -en especial, la necesidad de residir en Florida, cuando la sede del organismo para el que se encuentra cumpliendo funciones se encuentra en Washington-, y la necesidad de que la ex funcionaria se encuentre en el país con el fin de garantizar “la normal marcha del proceso”, dado “el estado procesal de las actuaciones”, entre otros.

Si bien los magistrados del TOF en primer término denegaron la solicitud, luego sí otorgaron la autorización hasta el 10 de junio de este año, bajo caución real de diez mil pesos, la obligación de presentarse dentro de los primeros cinco días de cada mes en el Consulado de la República Argentina, comparecer ante el Tribunal cuando sea convocada y poner en conocimiento cada vez que requiera salir de su domicilio denunciado a otro país. Ante esa resolución, Luciani interpuso un recurso de Casación; como fue rechazado fue en queja, pero la presentación fue desistida por el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, a cargo de la Fiscalía N°4.

Riesgos procesales

El abogado que representa a la ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable volvió a presentarse días atrás ante el Tribunal, pidiendo que se extienda la autorización otorgada por un año más -hasta el 10 de junio de 2017-. Al corrérsele vista, Luciani señaló que “la existencia de los riesgos procesales que fueron expuestos (…) se mantienen incólumes, sin que se haya producido ninguna modificación de las circunstancias fácticas que aconseje apartarse de ese criterio”.

Al respecto, advirtió que ante la inminencia de la citación a juicio de las partes, “no se advierte de qué manera se podrán llevar a cabo tales actos procesales si la nombrada reside en el exterior o, peor aún, si se encuentra en cualquier otro país no localizable”.  “Debo advertir que ni el Tribunal ni el Ministerio Público tienen manera de ejercer un control efectivo sobre los viajes que realiza la imputada fuera de los Estados Unidos”, añadió. Por ese motivo solicitó “que el Consulado de los Estados Unidos certifique dicha circunstancia mediante el envío de copias certificadas de su pasaporte, el cual no ha sido aportado junto con la documentación acompañada”.

Por otra parte, el representante del MPF puso de resalto que “si bien la Sra. Picolotti peticiona la autorización para residir en el exterior hasta el 17 de junio de 2017, de la lectura de la documentación acompañada se desprende que el contrato laboral en cuestión se extendería hasta el 31 de enero de 2018. En consecuencia, es dable asumir que esta solicitud alberga el germen de una extensión adicional, pues de otra manera no se comprende (ni se explica en la presentación) por qué se acotó el plazo en el marco de la presentación bajo análisis”.

Finalmente, el fiscal general recordó que la Argentina se comprometió “a combatir, reprimir y sancionar toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas”, a partir de la suscripción de diversos instrumentos internacionales, tales como la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de la Naciones Unidas Contra la Corrupción y la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional.