“Aníbal Lotocki es un médico que ha sido violento con sus pacientes: en el marco de la confianza que estableció con las cuatro víctimas, las usó para sus propósitos personales y les estropeó la salud”, recalcó el fiscal Sandro Abraldes, a cargo de la Fiscalía N° 29 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional, en el alegato donde solicitó que se lo condene a siete años y nueve meses de prisión.

El fiscal consideró que Lotocki (51) es responsable por las lesiones graves que sufrieron las denunciantes Gabriela Trenchi, Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa y también por la estafa sufrida por Trenchi. Al momento de solicitar la condena, le requirió al juez Carlos Rengel Mirat -del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 28- que le fije una inhabilitación especial para el ejercicio de la medicina por 10 años e inhabilitación por el mismo tiempo para el ejercicio del comercio en el ámbito de la estética y cosmética.

El representante del Ministerio Público Fiscal le pidió al juez que hasta que quede firme la condena, se le prohíba la salida del país a Lotocki y que se lo inhabilite de forma provisoria para el ejercicio de la medicina y el comercio en el ámbito de la estética y cosmética. Además, le propuso al magistrado que le pida a la Dirección de Coordinación Judicial que depende de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) una fiscalización de los últimos diez períodos fiscales en lo relacionado al impuesto a las ganancias y bienes personales para detectar o descartar la posible existencia de evasión fiscal y previsional en el orden penal y administrativo. Esto último debido a que durante el debate se detectaron diversas irregularidades en cuanto a compras realizadas sin registrar y dudas en cuanto a la titularidad del lugar donde el hombre hacía los procedimientos.

Los casos

De acuerdo a la acusación, Lotocki le causó lesiones en el cuerpo y en la salud a Pamela Sosa debido a la intervención médica que le practicó en noviembre de 2008 dentro de la clínica “Full Esthetic”. Allí, le colocó un producto de relleno no identificado que contenía microesferas de polimetil metacrilato (PMMA) en lugares del cuerpo en que está prohibido su uso y en cantidades superiores a las sugeridas por los médicos. Eso le provocó cuatro tumoraciones en glúteos y muslos, con un proceso inflamatorio crónico.

El fiscal Abraldes le pidió al juez que hasta que quede firme la condena, se le prohíba la salida del país a Lotocki y que se lo inhabilite de forma provisoria para el ejercicio de la medicina y el comercio en el ámbito de la estética y cosmética.

Una situación similar atravesó Silvina Luna, que fue intervenida en octubre y noviembre de 2011 en la misma clínica y donde también se le colocó microesferas de polimetil metacrilato (PMMA). Eso le provocó alteraciones anatómicas en los glúteos y en los muslos, lo que fue advertido y documentado por otro médico en junio de 2013. Las lesiones sufridas por Stefanía Xipolotakis se dieron luego de la intervención médica de marzo de 2014 en donde también se le colocó polimetil metacrilato (PMMA).

Con respecto a Gabriela Trenchi, Lotocki había acordado con ella que le colocaría “hilos tensores” en los glúteos y que le extraería grasa de la pelvis, de la rodilla y de la cadera para mezclar con plasma de su sangre e inyectarle eso en la zona de los glúteos. La mujer le pagó 30 mil pesos y fue operada en agosto de 2015. Sin embargo, y pese al pedido de la víctima, Lotocki le colocó un producto de relleno que contenía microesferas de polimetil metacrilato (PMMA). Esto le provocó lesiones en el cuerpo y en la salud: una “normoanatomía del tejido celular y de los glúteos mayores y en los grupos musculares de muslos y de las piernas, caracterizadas por granulomas o farmacomas, como así también por un componente inflamatorio”.

Durante su exposición, el fiscal repasó lo que las cuatro mujeres relataron durante el juicio y las consecuencias que les había traído a su salud los distintos procedimientos. Sosa contó que tiene problemas todos los días y que le cambió la vida por completo, incluso generándole miedo de lo que le pueda sucederle en el futuro. Luna recordó que Lotocki jamás le explicó las consecuencias que podía tener el procedimiento y que ella no podía caminar después de la operación, que tenía muchos dolores y fiebre. Marcó que supo después las consecuencias y que desarrolló una hipercalcemia e insuficiencia renal.

Xipolotakis contó que vive con un dolor crónico y que hay días en los que ni siquiera puede dormir. Trenchi, por su parte, puntualizó en el mal trato que recibió cuando se despertó de la operación, que se sentía muy descompuesta y que Lotocki solo le recomendó que tomara un calmante, sin siquiera verla. “Todas le contaron al Tribunal bajo juramento de decir verdad los hechos que les tocó vivir y todas coincidieron en que operarse con él fue la peor decisión de su vida”, puntualizó el fiscal Abraldes.

El deber como médico

En un tramo de su exposición, la fiscalía hizo hincapié en los deberes que tenía que cumplir Lotocki: el deber de examinar su propia capacidad; de actualizar conocimientos; de utilizar los medios técnicos auxiliares; de informar; y de confrontar opiniones y de derivar al paciente en caso necesario.

Indicó entonces que Lotocki quebrantó varios de ellos, que se presentó como experto en cirugía plástica ante las víctimas aunque no lo era. “Como médico cirujano puedo realizar cualquier acto médico y tengo el aval de lo que estudio, mi experiencia”, dijo el imputado durante su indagatoria. El fiscal retomó entonces el testimonio de uno de los médicos que declaró como experto en el debate, donde explicó que si uno realiza un procedimiento en un área en la que no es especialista, puede cometer un daño.

“Todas le contaron al Tribunal bajo juramento de decir verdad los hechos que les tocó vivir y todas coincidieron en que operarse con él fue la peor decisión de su vida”, puntualizó el fiscal Abraldes.

Repasó después que Lotocki aseguró haber hecho “innumerables” cursos en cuestiones de cirugía cosmética, una especialización que no está reconocida en Argentina. “El orden jurídico al que tiene que ordenar su comportamiento como médico es el que lo vincula a la Constitución y a las leyes de Argentina”, resaltó el fiscal.

Luego, profundizó sobre el desconocimiento el desconocimiento del producto concreto que utilizó en las intervenciones. Aseguró que no se trataba de los productos “Metacrill ni Metacrillic Facial Implant 1 ni 2” que comercialmente se conseguían en ese momento. Analizó las compras realizadas por el imputado y llegó a la conclusión de que, por la cantidad mínima de cajas que había adquirido, ninguna había sido utilizada en las operaciones. Repasó los reclamos civiles iniciados al médico donde en las historias clínicas se puntualizaba sobre la aplicación de PMMA y los registros que se secuestraron sobre otras intervenciones. Por el nivel escaso de compras y por el hecho de que Lotocki aseguró ante inspectores que esa sustancia solo se colocaba a pedido, es que el fiscal planteó las dudas que existen al respecto del origen de lo colocado en los cuerpos de las denunciantes.

“¿Qué tienen las víctimas en su cuerpo?”, se preguntó el fiscal y recordó el testimonio de Sosa, quien tuvo un vínculo afectivo con Lotocki. Ella relató que el médico fabricaba su propio “Metacrill”, que compraba el polímero, que lo mandaba a “esterilizar” y que lo mezclaba después con un líquido para luego inyectarlo a los pacientes. De acuerdo a la víctima, el acusado decía que “era lo mismo que comprar el producto” y que así ahorraba dinero, ya que el producto original cotizaba en dólares.

“Los estudios médicos practicados a las querellantes dan cuenta de que la cantidad de producto colocado es elevadísima y que eso no coincide con lo que les cobró ni con la cantidad de producto supuestamente aplicado”, explicó. A eso le agregó el fiscal que Lotocki no usó ningún producto autorizado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Citó entonces la ley 26.529 sobre derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado y la importancia de que la información sanitaria sea clara y suficiente. “Lotocki debió haber informado a los pacientes qué productos habían, los riesgos que enfrentaban: el consentimiento que firmaron las víctimas fue únicamente necesario para generar el lucro y desentenderse de la responsabilidad; nunca les informó cómo eran las cosas y cuáles eran los riesgos”, explicó el fiscal. Remarcó después que, en pos de defenderse, Lotocki rompió el secreto profesional y reveló aspectos de la intimidad de cada una de las denunciantes para mortificarlas.

Contexto en el que se produjeron los hechos

“La belleza o la normatividad estética es un culto donde la mayoría de sus integrantes son mujeres. En nuestro país, hay personas que dejan de alimentarse con tal de verse mejor o que comen y vomitan con ese fin”, sostuvo el fiscal Abraldes. “El 30 de noviembre fue el día internacional de la lucha contra los trastornos de la conducta alimentaria y Argentina está en el segundo lugar a nivel mundial en cantidad de personas que padecen esos trastornos. Las propias víctimas mencionaron que su decisión de operarse se vinculó a las exigencias sociales y del mercado laboral”, puntualizó.

“Las despreció, las utilizó y las moldeó a su antojo sin contemplar la voluntad de las pacientes”, marcó Abraldes. Y agregó: “Se aprovechó de su vulnerabilidad, de sus inseguridades, de los estereotipos y de los parámetros de belleza”.

Para el fiscal, la lucha por alcanzar esa normatividad estética alimenta grandes industrias a nivel mundial. Consideró que Lotocki usó a sus víctimas, que ellas le pedían un procedimiento y él le agregaba cosas para hacerles sin avisarles siquiera qué productos utilizaba en sus cuerpos. “Él se consideró el hacedor de mujeres perfectas”, resumió.

Consideró que el acusado ejerció violencia física, psicológica y simbólica en el marco de la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. “Las despreció, las utilizó y las moldeó a su antojo sin contemplar la voluntad de las pacientes”, marcó y agregó: “Se aprovechó de su vulnerabilidad, de sus inseguridades, de los estereotipos y de los parámetros de belleza”.

Circunstancias que agravan su conducta

Al momento de analizar y solicitar la pena, el fiscal Abraldes evaluó distintos puntos: el abuso y traición de la confianza; haber ventilado cuestiones personales que hacían a la intimidad de las víctimas; el daño que le causó a las pacientes.

Tomó en cuenta que las consecuencias que generó son “irreversibles y progresivas” y que impactan en la vida de todas las denunciantes, que no pudieron continuar con sus trabajos y que incluso tuvieron que consumir sus ahorros en tratamientos médicos.

“No atendía las más mínimas reglas de la práctica profesional: atendía en lugares sin habilitación en los lugares, con productos que no podía usar e incluso quiso hacer responsable a sus pacientes por las consecuencias nocivas de su propio accionar delictivo”, se explayó.