El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 rechazó el viernes las cuestiones preliminares planteadas por las defensas y dispuso que continúe el juicio por irregularidades durante la liquidación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel), luego de que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal no hiciera lugar al recurso interpuesto por uno de los imputados. En representación del Ministerio Público Fiscal interviene el fiscal general Diego Velasco.

Como el máximo tribunal penal finalmente rechazó ayer el recurso en queja de la defensa del ex gerente de Asuntos Legales de ENTel  Gustavo Daneri -al que adhirió el también ex funcionario del extinto organismo Gustavo Cresta-, los jueces del tribunal dispusieron que continúe el debate. Tras ello, leyeron el rechazo -por inadmisibles-  a la totalidad de los planteos interpuestos por las defensas, no obstante lo cual dieron respuesta a cada uno de ellos, señalando que no prescribió la acción penal, que la falta de acción por inexistencia de delito deberá ser analizada oportunamente en el alegato y que los requerimientos de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal y la Oficina Anticorrupción (OA) no tienen “vicio alguno”, como habían argumentado los abogados de los imputados.

De esa forma, el juicio oral y público continuará el jueves próximo desde las 9:30. Para esa jornada se prevé que los acusados hagan uso -o no- de su derecho a declarar.

Qué se investiga

En el juicio busca determinarse si la ex interventora María Julia Alsogaray, Daneri, Cresta, la integrante del Tribunal Arbitral de Obras Públicas Yolanda Eggink y los empresarios Sergio y Gustavo Meller, tuvieron responsabilidad penal por el pago ilegítimo de 30 millones de pesos/dólares vinculado a una deuda reclamada por Meller S.A., a raíz del contrato que unía a la firma con ENTel para la publicación anual de las guías telefónicas en la Ciudad de Buenos Aires.

Tanto Alsogaray como Daneri tienen una condena firme por su paso durante la privatización de la compañía estatal: en 2014 fueron condenados a cuatro años de prisión, al ser encontrados responsables de una contratación fraudulenta, en 1994, con la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por las firmas “KPMG”, “Copiaga S.A.” y el estudio Fernández Madero.