Ocho personas, identificadas como Juan Carlos Mottillo, Alicia Acevedo Galeano, Ariel Hernán Spaltro, José Aníbal Patroni, Humberto Atilio Scarpetta, Gabriel Alejandro Carmona, Aníbal Raúl Ramón Soria y María del Carmen Castrege, fueron procesadas por formar parte de una red de trata de personas con fines de explotación sexual, que operaba en la ciudad de Mar del Plata.

Gracias al trabajo coordinado entre los fiscales Daniel Adler, a cargo de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, y Marcelo Colombo, titular de la Procuraduría de Trata de Personas, se pudo establecer que la organización trasladaba mujeres oriundas de Paraguay, en estado de vulnerabilidad, a la Argentina, donde eran explotadas sexualmente en el prostíbulo marplatense, "La Posada".

A través de la investigación, se pudo constatar que dado el nivel de profesionalismo con el que contaba la organización, sus miembros constituyeron una sociedad anónima con vehículos propios utilizados para el transporte de las mujeres desde el exterior.

En este sentido, se verificó también el enriquecimiento patrimonial injustificado de los imputados, vinculado a los importantes beneficios económicos que obtenían por desarrollar una actividad prohibida. Para ello, los fiscales presentaron un análisis preliminar acerca de la proyección de ganancias obtenida a traves del secuestro de la documentación que contenía el detalle de los servicios que se realizaban en el prostíbulo.

La denuncia fue realizada en 2007 por el Ministerio Público Fiscal pero fue recién en 2012, luego de reiteradas presentaciones efectuadas por el Ministerio Público, y de diversos allanamientos y detenciones, que el juez federal Santiago Inchausti dispuso el procesamiento de los ocho acusados habiendo recientemente dispuesto el procesamiento de una de las principales acusadas, la que se encontraba prófuga del accionar de la justicia.

Sin embargo, la defensa apeló dicho dictamen y la Cámara Federal de Mar del Plata revocó parte del fallo disponiendo la "falta de mérito" y dejando en libertad a Soria y Castregue, la pareja dueña del hotel donde se concretaban los servicios sexuales que se ofrecían en el prostíbulo "La Posada".

Contra esta resolución, el Ministerio Público interpuso un recurso de casación, tras considerar que se contaba con suficientes elementos probatorios que daban cuenta de la participación efectiva de los imputados a los que la justicia les había indicado "falta de mérito". 

Ya ante la Cámara de Casación, se suma el trabajo del fiscal Javier De Luca, que junto a Marcelo Colombo, defendieron la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público y Fiscal y lograron que la Cámara anule la resolución adoptada que dispuso revocar el procesamiento de los dos acusados, y dictara un nuevo pronunciamiento.