A pedido de los fiscales Matías Di Lello y Santiago Marquevich –a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de San Isidro y de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE)- la responsable del Juzgado Federal N°1 de dicha jurisdicción, Sandra Arroyo Salgado, procesó a Martín Porfirio “Coto” Romero por haber intervenido junto a Felipe Gastón López y Ángel Oscar “Patita” Alegre, en el secuestro extorsivo ocurrido el pasado 30 de abril, en la localidad bonaerense de Tigre.

El hecho

El 30 de abril de 2017, alrededor de las 19.30 hs., la víctima estaba por ingresar su Fiat Palio al garage de su vivienda -en la localidad bonaerense de El Talar, Partido de Tigre-, cuando fue abordada por Alegre y Felipe Gastón López quienes, a punta de pistola, lo obligaron a subir al asiento trasero de su propio auto, para luego emprender la marcha. Los acusados habían llegado al lugar en un Fiat Siena, que era conducido por Romero, y que ofició de apoyo.

Tras cruzar la Autopista Panamericana, ambos vehículos detuvieron la marcha. Luego de atar a la víctima, la obligaron a subir al asiento trasero del Fiat Siena, junto a Alegre, mientras que Romero continuó al volante del vehículo y López se ubicó como acompañante. Alrededor de las 21.15 hs., desde el celular de la víctima efectuaron una serie de llamados extorsivos a sus familiares, a quienes exigieron el pago de un rescate. Asimismo, se acordó efectuar el pago en la intersección de las calles Costa Rica y Volta, en la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas.

Hasta allí llegó el padre de la víctima, a bordo de su camión, custodiado por personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro –que se desplazaba en dos móviles no identificables-. Tras cargar el rescate, los secuestradores emprendieron la marcha junto a la víctima, a quien liberaron a pocos metros de allí, tras lo cual efectuaron una serie de disparos.

Luego de verificar que la víctima estaba a salvo, los efectivos policiales iniciaron la persecución de los secuestradores quienes, al advertir la situación, comenzaron a dispararles. El raid se prolongó durante tres kilómetros, hasta que –tras chocar contra unos escombros y ramas- los delincuentes se detuvieron en la intersección de las calles Tierra del Fuego y Calencio, en localidad de Garín, para seguir la fuga a pie. Así, tras correr 70 metros, ingresaron a un cañaveral, desde donde continuaron el tiroteo con la policía.

Producto de la balacera, López cayó herido, circunstancia que Romero y Alegre aprovecharon para darse a la fuga. En el interior del vehículo en el que circulaban –que tenía alterada su chapa identificadora y tenía pedido de secuestro activo desde el 22 de abril- se encontró parte del rescate cobrado.

Detenciones y procesamientos

La investigación del suceso recayó en el fiscal Matías Di Lello, quien solicitó la colaboración de su colega Santiago Marquevich –titular de la UFESE-. Así, le encomendaron a personal de la DDI de San Isidro una serie de tareas a fin de dar con los dos prófugos. De este modo, se logró individualizarlos y dar con su paradero. Asimismo, el análisis de los perfiles que éstos tenían en redes sociales permitió establecer el vínculo entre ellos.

Finalmente, los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron a la titular del Juzgado Federal N°1 de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, que ordenara el allanamiento de un conjunto de viviendas en el barrio “San Jacinto”, donde se logró aprehender a Alegre y, días después, a Romero. Ambos fueron identificados por la víctima en rueda de reconocimiento.

En base a las pruebas colectadas, los fiscales Di Lello y Marquevich solicitaron los procesamientos con prisión preventiva de Alegre y Romero como coautores de los delitos de secuestro extorsivo agravado por haber logrado el fin propuesto –cobro de rescate- por la cantidad de intervinientes y por haber sido cometido con violencia o intimidación contra las personas mediante el empleo de un arma de fuego, robo agravado por el uso de armas de fuego y por haber sido cometido en poblado y en banda, resistencia a la autoridad y homicidio agravado –en grado de tentativa- por resultar los agredidos miembros de las fuerzas de seguridad de la policía. Así, el pasado 29 de septiembre, la jueza federal resolvió en tal sentido.