Un hombre fue procesado con prisión preventiva acusado del delito de trata de personas con fines de explotación laboral agravada en un campo ubicado en la localidad de Cañuelas, provincia de Buenos Aires. Así lo dispuso el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de Lomas de Zamora, en línea con lo solicitado por el fiscal Leonel Gómez Barbella. Además, el magistrado  decretó la inhibición general de bienes respecto del empresario. Luego de la resolución judicial, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó el decomiso del campo, la ampliación de indagatoria del acusado por otras dos posibles víctimas  y la indagatoria de su esposa.

El hombre habría participado en la captación y acogimiento con fines de explotación laboral de al menos un empleado en situación de vulnerabilidad que trabajaba en su predio rural, dedicado a la venta de ganado porcino. La víctima habría sido sometida a condiciones de vida infrahumanas, ya que se alojaba en un ómnibus en desuso, sin baño ni acceso a agua potable, ni electricidad. Asimismo, no contaba con asistencia sanitaria ni sistema de protección alguno, dormía sobre una plancha de goma espuma y el lugar donde pernoctaba se utilizaba también para almacenar agroquímicos nocivos para la salud. Además, la víctima denunció malos tratos y amenazas por parte de su empleador.

Origen del caso

Los hechos se iniciaron a raíz de una denuncia anónima recibida el 13 de julio de 2015 en el Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios (Renatea) que  derivó en una inspección ocular en el predio rural denunciado. El procedimiento se llevó a cabo el 16 de julio por parte de representantes de ese organismo y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). En esa oportunidad, se pudo constatar la presencia de dos trabajadores. Uno de ellos indicó que pernoctaba en el interior de un ómnibus en desuso junto a grandes cantidades de agroquímicos y en pésimas condiciones de salubridad e higiene: sin baños, estufa, agua potable, cocina ni energía eléctrica. A su vez, dijo que debía dormir sobre una plancha de goma espuma y aseguró que cobraba 50 pesos por semana por sus tareas.

Asimismo, ambos trabajadores indicaron que no se encontraban inscriptos en ningún organismo laboral ni de seguridad social y que realizaban sus tareas en pésimas condiciones, sin protección alguna. Finalmente, ese día, se hizo presente el imputado que, luego de que le explicaran el motivo de la presencia del personal de ambos organismos, se ofuscó con los inspectores.

Como consecuencia, al día siguiente de este procedimiento, se realizó la denuncia en la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora, a cargo de Gómez Barbella, quien el mismo día solicitó la orden de allanamiento en el predio rural -medida que fue ordenada por el juzgado y que se llevó a cabo el 21 de julio-, y la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF) con el objetivo de iniciar una investigación patrimonial respecto del empresario.

Una vez en el lugar, se constató la presencia del imputado, su mujer, los dos trabajadores que habían estado presentes en la inspección ocular y otras tres empleadas del campo que manifestaron residir en el lugar, en una vivienda facilitada por el imputado. Finalmente, se secuestró una gran variedad de armas y municiones.  El operativo –a pedido del Ministerio Público Fiscal- contó con la participación de personal especializado del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, personal del ministerio de Trabajo, de RENATEA y AFIP.

Como resultado, el dueño del predio resultó detenido y el fiscal solicitó el decomiso del campo donde se desarrollaron los hechos. El representanta del Ministerio Público Fiscal reclamó además la ampliación de indagatoria al dueño del establecimiento, al entender que se le debería endilgar el delito de trata de personas y reducción a servidumbre respecto a una segunda víctima.

En su declaración, la víctima que residía en el colectivo en desuso detalló que trabajaba en el campo de lunes a lunes pero los domingos “un poco menos” y que su tarea consistía en alimentar ganado. Asimismo, agregó que el agua para beber la obtenía de un molino, que para ir al baño tenía que ir “a escondidas”  en el campo y que para higienizarse tenía que ir al telepeaje donde lo dejaban usar los baños. Si  bien dijo que trabajaba desde febrero de 2015, un testigo declaró que el hombre concurre al baño del telepeaje hace 13 años.

Por su parte, la otra víctima detalló que trabajaba como encargado del campo y que tenía a su cargo el cuidado de animales, el barrido de alambrados y demás tareas para mantenimiento del predio. Añadió que trabajaba de lunes a sábados, que vivía en una pieza “de tres por cuatro” con un baño “afuera de la vivienda”  y que cobraba 800 pesos por semana.

Los dos empleados denunciaron, además de las malas condiciones laborales en las que se encontraban, malos tratos y amenazas por parte de su empleador.

El 11 de agosto, el fiscal Gómez Barbella solicitó el procesamiento del imputado con prisión preventiva, su ampliación de indagatoria por una posible tercer víctima y la indagatoria de su mujer. El fiscal contó con la colaboración permanente de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas.