A pedido de la Fiscalía Federal de San Luis, el juez federal subrogante de esa provincia, Raúl Alberto Rodríguez, procesó sin prisión preventiva a cuatro policías de la Oficina de Investigaciones de la Unidad Regional II Distrito Metropolitano, de la localidad puntana de Villa Mercedes, por tres casos de secuestro coactivo uno de apremios ilegales. El fiscal Cristian Rachid había solicitado además que se le reciba declaración indagatoria a los inspectores Pablo Acosta Colautti y Guillermo Lemos, al oficial William Dias, al auxiliar Silvio Guillermo Coria y al comisario Juan Carlos Acevedo (todavía resta la resolución judicial sobre el estado procesal de este último uniformado), quienes "actuando en base a un plan criminal común y con reparto de tareas para cumplir en el mismo: sustrajeron, retuvieron y ocultaron" a Franco Melitón Aguilar, Diego Brancamonte y Cristian Gabriel Oviedo "y aplicaron apremios ilegales a Marcelo Ernesto Guilmart durante una declaración que se le tomó bajo amenazas" en la dependencia en la que se desempeñaban.

El representante del Ministerio Público había indicado en su dictamen que ese "plan criminal común desenvuelto mancomunadamente" tuvo "el exclusivo propósito de obligar" a las víctimas "a hacer algo contra su voluntad, esto es, suministrar información precisa" de los lugares en donde se encontraba resguardado "sustancia estupefaciente y dinero" que finalmente "resultó secuestrada acaso sólo en fracción merced a una orden de allanamiento de la justicia provincial que los imputados diligenciaron y obtuvieron invocando información falsa sobre la existencia en los domicilios allanados de supuestos bienes provenientes de delitos contra la propiedad".

El fiscal indicó que los policías realizaron las detenciones "sin orden judicial ni motivo aparente, no labraron acta de detención ni de requisa (sólo hicieron firmar posteriormente formularios en blando a las víctimas), no dieron intervención a juez alguno e ingresaron a dos reparticiones diferentes respectivamente a Aguilar y Oviedo casi 12 horas después de practicada la detención invocando averiguación de antecedentes, por lo que detuvieron a ambos nombrados en forma absolutamente clandestina".

Además, subrayó "una extrema gravedad que supera con creces un abuso funcional, como podría ser la práctica de una detención arbitraria o sin las formalidades prescriptas por la ley, para dejar en evidencia una actuación criminal llevada a cabo en absoluta clandestinidad por policías en actividad, valiéndose al efecto de los recursos estatales que les fueron confiados para el cumplimiento de sus funciones públicas (ya que emplearon clandestinamente vehículos, dependencias y medios policiales con fines delictivos), quienes merced a esa previa actuación clandestina provocaron luego, mediante la invocación funcional de falsos motivos, una posterior intervención judicial en procura de la consecución del ulterior objetivo ilícito perseguido".

Rachid detallo que los uniformados no actuaron "ejerciendo en manera alguna –ni aún en forma abusiva- función alguna de las comprendidas en sus competencias, sino que actuaron lisa y llanamente como una verdadera banda criminal" y concluyó que "sólo se explica la referida privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales con el interés exhibido por los policías de recuperar la droga y supuestamente el dinero que poseían Aguilar, Oviedo y Guilmart, para lo cual secuestraron y apremiaron a los dos primeros, hasta que Aguilar les dijo cuál era el lugar donde estaba oculta la sustancia a la postre secuestrada en los allanamientos que espuriamente consiguieron los integrantes de la oficina de Investigaciones Judiciales de un juez ordinario".

Los secuestros

El 28 de enero entre la mañana y el mediodía, Aguilar, Brancamonte y Oviedo fueron privados de su libertad por policías de civil en Villa Mercedes y trasladados a la Oficina de Investigaciones Criminales UR II de la Policía de la Provincia de San Luis de esa localidad. En los dos primeros casos, intervinieron al menos cuatro efectivos y dos vehículos, uno de los cuales fue identificado como una camioneta Chevrolet S10 blanca doble cabina con los vidrios polarizados, adonde entre las 11:30 y las 12:00 fueron obligados violentamente a subir.

En tanto, alrededor de las 11:00 de ese mismo día, un Chevrolet modelo corsa ocupado por dos personas también blanco se acercó al automóvil particular que manejaba Oviedo por la Avenida Mitre. El conductor "le preguntó cuánto pedía por su auto, la víctima redujo la velocidad, le dijo que 30.000 pesos. Le pidieron ver el motor, ante lo cual se detuvo y abrió el capot. Ahí, le dijeron que quería ver el baúl, no el capot y recién entonces se identificaron como polícias". Oviedo fue obligado a conducir hasta la Oficina de Investigaciones.

Según el dictamen del fiscal Rachid, "Aguilar fue apremiado con golpes y amenazas de muerte por los imputados y siempre con el mismo objetivo: indicación del lugar de guarda de la sustancia prohibida".

Entonces, los policías gestionaron distintas órdenes de allanamiento ante el Juzgado de Instrucción N°3 de Villa Mercedes, "invocando al efecto y haciendo insertar falsamente un parte policial dirigido al juez y firmado por el jefe Acevedo, que en dichos lugares se encontrarían efectos personales supuestamente sustraídos el 24/1/2015" a una mujer.

La solicitud del operativo fue recibida en el Juzgado a las 15:30. El juez habilitó los allanamientos para un lapso de tiempo comprendido entre las 16:30 y las 20:00. En todos los domicilios, se repitió la metodología: los policías ahora procesados hallaban de manera "casual" varios paquetes de marihuana y unas 50 dosis de LSD y daban intervención a la División Lucha contra el Narcotráfico de la Provincia.

Mientras tanto, los tres hombres secuestrados continuaban privados de su libertad en la comisaría. Una vez concluidos los procedimientos, fueron "blanqueados" con pedidos de "antecedentes y medios de vida", firmados por los mismos uniformado que habían organizado la maniobra.