Walter Rodríguez, titular de la Fiscalía Federal ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de la ciudad de Santa Fe, solicitó se incorporen nuevos elementos probatorios a la investigación de un asesinato ocurrido en la capital santafesina. Según el representante del Ministerio Público Fiscal, el expediente sólo cuenta con la versión policial del caso, sumado a que habría indicios de que el homicidio podría estar vinculado al narcotráfico.

El hecho ocurrió el 29 de diciembre en las adyacencias del Parque Garay, de la capital santafesina, donde un hombre falleció por disparos de armas de fuego mientras se trasladaba en su automóvil, en cuyo interior se secuestraron aproximadamente cuatro gramos de clorhidrato de cocaína. El fiscal menciona en su descargo un artículo periodístico del diario "El Litoral" titulado “Con la firma de los sicarios”, en el que aparece información desconocida en el sumario.

Según el artículo citado por Rodríguez, la muerte fue planificada y ejecutada por dos sujetos a bordo de una motocicleta (posiblemente con apoyo de otros dos cómplices en un vehículo similar), y que estaban al tanto de los lugares de residencia de la víctima, como también del recorrido y los movimientos que se había propuesto realizar en esa jornada. La publicación menciona además un secuestro de elementos realizado en el lugar del hecho, más allá de la droga incautada: 60 mil pesos en efectivo y varios teléfonos celulares que estarían siendo peritados, además de cuatro vainas calibre 9mm.

En su descargo, Rodríguez considera prematuro expedirse acerca de lo que considera “una hipótesis delictiva excesivamente simplificada y acotada a la tenencia de la droga”, ya que debe despejarse si el fallecimiento pudo estar relacionado con episodios que lo antecedieron, entre los que no se deben descartar aquellos vinculados a la materia de narcotráfico. En ese caso, sostiene el representante del MPF, es necesario verificar la existencia de una relación entre el objeto procesal en cuestión y los hechos delictivos de esta índole en la provincia, como las problemáticas verificadas en los barrios Nuevo Alberdi y Municipal de Rosario, donde se enfrentaron organizaciones delictivas para conseguir la hegemonía territorial y comercial en cuanto a la venta de drogas en la ciudad.

Para ello, el fiscal solicitó la incorporación de los certificados de defunción e inhumación de la víctima, las conclusiones de la autopsia, los informes relativos a los teléfonos celulares incautados, la declaración testimonial del círculo íntimo del hombre asesinado y el del comisario interviniente.  Además, solicitó un peritaje balístico del automóvil y uno químico a la droga incautada, como también la recopilación de imágenes que las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Santa Fe podrían haber captado en la zona de influencia.

En su dictamen, Rodríguez asegura que estas medidas permitirán avanzar a un grado de conocimiento del caso y establecer o descartar si esta muerte fue ocasionada con motivo y en un contexto de crimen organizado ligado al narcotráfico. De comprobarse esta hipótesis, abriría espacio a que los hechos deban ser investigados por un único magistrado a favor de una mayor, más efectiva y eficaz administración de la justicia, para satisfacer tempranamente la tarea de abordar la competencia penal dentro del andamiaje legal regulado en los artículos 116 y cc. De la CN y 3, inciso 3 de la ley 48 y 33 inc. C del Código Procesal Penal de la Nación.