Después de una investigación que demandó unos 16 años, el juicio oral por evasión iniciado el 6 de julio contra el empresario de la construcción Bernabé Luis Mautinoy otras cuatro personas sindicadas como testaferros llegó a la etapa de alegatos. Esta mañana, el fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe, Martín Suárez Faisal, solicitó ocho años de prisión para Mautino, al considerarlo culpable de evasión simple y agravada en forma reiterada. También, pidió una pena de cinco años de prisión para César Fabián Galiani, Jorge Pedro Romano y Lidia Malvina Merlo, por considerarlos partícipes primarios necesarios del delito. De todos ellos requirió, a la vez, la inmediata detención. Finalmente, requirió que Julio César Geréz reciba una pena de un año de prisión en suspenso en calidad de partícipe secundario de la maniobra investigada.

Mautino está acusado de evadir el pago de más de 7 millones de pesos ($7.032.497) de tributos al fisco nacional, para lo cual utilizaba múltiples y reiteradas maniobras engañosas. “Principalmente, ocultando su verdadera identidad como sujeto obligado mediante la intervención de personas físicas y jurídicas interpuestas, en el caso, los coimputados Lidia Malvina Merlo, César Fabián Galiani, Jorge Pedro Romano, y con la colaboración de ellos y también de Julio César Geréz”, relató Suárez Faisal.

El representante del MPF indicó que “para que tomemos conciencia del perjuicio fiscal que provocaron las maniobras”, era necesario recordar que “en la época de los hechos regía la Ley de convertibilidad, la paridad de un peso - un dólar. Y esos montos, a su vez, se vieron incrementados en más del doble en concepto de intereses”, tal como lo explicara uno de los testigos contadores de la AFIP, “que mensuró en más de 12 millones de dólares al año 2000, que nunca se pagó ni pudo serle ejecutado”.

Asimismo, el fiscal general relató algunas de las maniobras empleadas por Mautino y sus cómplices, tales como la creación y cesión de sociedades constitutivas del llamado “Grupo Mautino”: “Rafaela Materiales S.A.”, “Rafaela Materiales de Ariel Pariani”, y “Rafaela Construcciones de S.A”, “Rafaela Construcciones de Lidia Merlo”, “Constructora Evisa S.A.”, “Hormigonera Santafesina S.A”; “Sociedad de Hecho de Fugini-Merlo; “Litoral Materiales S.R.L.”, entre otras.

Por ejemplo, indicó Suárez Faisal, uno de los testigos había manifestado “ser titular de una de esas firmas (Litoral materiales SRL) que quedó paralizada por no tener giro comercial, siendo Mautino -a fines del año 97- quien le ofreció comprarla y le fue transferida. Pero destacó que ‘Mautino no figuró como titular porque no podía tener cuentas bancarias por una inhibición, lo que le impedía participar en licitaciones. Así que en los papeles se le transfirió a Loss y Malosetti’, que son vendedores y comisionistas que declararon en la causa, diciendo que le hicieron un favor en firmar y no tenían conocimiento de nada”.

También, describió operaciones con empresas inexistentes, mediante las cuales se usufructuaba el crédito fiscal de las compras realizadas con esas empresas no inscriptas en la administración, creadas por Mautino al sólo fin de generar créditos fiscales a favor de otras empresas del “grupo”. Hubo, además, transferencias simuladas de bienes de uso, de cambio e inmuebles; la solicitud de la propia quiebra de una de las empresas (Rafaela Materiales S.A) y la adquisición de los bienes del remate por parte de sus empleados, como fue el caso de Galiani; inconsistencias en las operaciones de compras y ventas de cada uno de los contribuyentes, y a la inversa, importantes montos de crédito fiscal y ventas omitidas de declarar, sirviéndose para ello de la omisión de facturación y la utilización de facturas apócrifas o con CUIT inexistentes, entre varias de las maniobras que se mencionaron.

“Todas esas actividades, maniobras y ardides que he reseñado, eran funcionales al plan criminalmente pergeñado por Mautino para enriquecerse instantáneamente a costa del Erario Público”, remarcó el fiscal general.

Pena

Para solicitar los ocho años de prisión, el representante del MPF tuvo en cuenta que Mautino “no sólo fue el cerebro de esta maniobra, sino también el ejecutor y el que se llevó para sí toda la plata, todos los beneficios económicos del delito”. A continuación, explicó que “se trata de una persona plenamente formada, según lo expresó en esta audiencia cursó la carrera de Contador Público Nacional, un importante y reconocido empresario en el rubro de la construcción de Rafaela, Santa Fe, y hoy también a nivel nacional, […] y que siempre gozó de una posición económica y social privilegiada. Casa importante y lujosa, autos importados, gastos elevados, entre otras cosas”.

“Lo reseñado en este alegato y lo ventilado en este juicio, nos deja a todos la misma impresión: Mautino es un peligroso delincuente económico de cuello blanco como dice la doctrina, fue absolutamente inescrupuloso, se manejó sin importarle las consecuencias que podrían sufrir las terceras personas o las arcas estatales, con tal de enriquecerse rápida y obscenamente en forma millonaria, valiéndose para ello de una extensa red de empleados, profesionales y contactos influyentes”, explicó Suárez Faisal.

En cuanto a los imputados Merlo, Galiani y Romano, el fiscal general consideró que se trataba de personas de instrucción intermedia, peritos mercantiles o bachilleres que toda la vida se han desempeñado como empleados comerciales, con un nivel de vida de clase media, “lo que demuestra también la ficción del rol que revestían”.

Respecto a la solicitud de la detención inmediata, Suárez Faisal indicó que “a partir de las acusaciones que se han formulado y la eventual condena que se dicte, el riesgo procesal de que esos imputados intenten fugarse para eludir la acción de la justicia se ve significativamente acrecentado”. Por eso, propuso que se revocara “inmediatamente la excarcelación de los imputados Mautino, Merlo, Galiani y Romano, y que en consecuencia se disponga la prisión preventiva de los mismos en el establecimiento que corresponda, en caso de que el Tribunal considere a los mismos culpables del delito por el que se los ha acusado”.