Entre octubre de 2015 y mayo de este año, la Fiscalía Federal N°1 de Primera Instancia de la Seguridad Social, que encabeza Gabriel de Vedia, interpuso más de dos mil recursos contra las sentencias de uno de los juzgados del fuero, al no compartir el criterio por el que se le aplican astreintes, la actualización de retroactivos a tasa activa y la obligación de abonar las costas del proceso que se le imponen a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), lo que impactaría sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Seguridad Social (FGS).

La Fiscalía en cuestión actúa ante los juzgados de la Seguridad Social N°4, 5, 8, 9 y 10. Durante el período relevado, la dependencia “evacuó vista” en 25.744 en oportunidades, fue notificada de 69.922 sentencias, intervino en otras 8692 ocasiones y promovió 2279 actos.

En cuanto a su intervención ante el Juzgado N°5, la Fiscalía realizó 838 apelaciones en orden al concepto de costas a la vencida, 419 por la aplicación de tasas activas, y 798 por ambos conceptos. En todos los casos fueron impuestos a la ANSES, criterio que no comparte el representante del MPF.

Sobre la actualización de las sumas adeudadas de índole previsional aplicando la tasa de interés activa, el fiscal consideró que no puede ponerse en riesgo la sustentabilidad del sistema ni el acceso a las prestaciones por parte de los beneficiarios actuales y futuros del régimen. Y en cuanto a la imposición de costas a la parte vencida -en el caso, la ANSES-, el artículo 21 de la ley 24.463, al regularlas, dispuso una modificación en forma original y novedosa, al establecer que “en todos los casos las costas serán por su orden”. Así, de acuerdo a de Vedia, se procura “tutelar no sólo el carácter alimentario de los derechos en juego sino también la sustentabilidad del sistema previsional”.

“No debe soslayarse el impacto que esos importes hubieran tenido sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Seguridad Social (FGS), de haberse ejecutado lo resuelto por la jueza”, advirtió el fiscal. “Ello hubiera significado desviar fondos de sus finalidades específicas -tales como jubilaciones mínimas, asignaciones familiares, subsidios por desempleo, asignación universal por hijo, etcétera-, ocasionando un perjuicio directo e inevitable a toda la comunidad”, completó.

Ante el Juzgado N°5, la Fiscalía realizó 838 apelaciones en orden al concepto de costas a la vencida, 419 por la aplicación de tasas activas, y 798 por ambos conceptos, todas impuestas a la ANSES.

Irregularidades durante la ejecución de la sentencia

Por otra parte, el titular de la Fiscalía de Primera Instancia Nº 1 advirtió “una serie de irregularidades que se suscitaron durante el proceso de ejecución de sentencia, etapa en la cual, por inexplicable decisión jurisdiccional, el Ministerio Público no tuvo intervención”. A partir de una investigación realizada por la Fiscalía a través del sistema informático de causas, se solicitaron varias actuaciones mediante oficio en cumplimiento de las funciones asignadas por el ordenamiento jurídico. “Las delicadas cuestiones que se discuten en la etapa de ejecución de sentencias torna absolutamente necesaria la participación del Ministerio Público”, resaltó.

En esa línea, explicó que “todos los poderes del Estado deben contribuir desde su ámbito de actuación para garantizar el funcionamiento y la sustentabilidad financiera del Sistema, la protección de los ancianos, los niños, las mujeres embarazadas, las personas por nacer y todos los sectores vulnerables de la República”.

Cuando el beneficiario de una jubilación fue miembro de las FFAA, “se revisa individualmente que ese actor no sea parte de la lista de procesados y prófugos de la última dictadura sufrida por el país”.

Coordinación con la UFISES

Asimismo, el relevamiento destacó la labor realizada en coordinación con la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos contra la Seguridad Social (UFISES), vinculadas a las ejecuciones fiscales contra personas jurídicas -empresas, instituciones, establecimientos, etc.- y/o personas físicas “que incumplen con las normativas previsionales e incurren en posible evasión de tributos destinados a la seguridad social -aportes o contribuciones patronales-, no pagados a la AFIP”.

La cantidad total de casos enviados para estudio de UFISES fueron 396, con las copias certificadas adjuntas del expediente correspondiente para cada uno. Entre los más relevantes se encuentran “las investigaciones a supuestas jubilaciones apócrifas a extranjeros no residentes en el país”, como así también “las ejecuciones del fisco a empresas que adeudan sumas millonarias en concepto de aportes a la seguridad”.

El documento califica como “de suma relevancia” el análisis que se realiza de cada caso que llega y alcanza a “actores de rango militar perteneciente a las Fuerzas Armadas”. En esas ocasiones “se revisa individualmente que ese actor no sea parte de la lista de procesados y prófugos de la última dictadura sufrida por el país”, a partir de listados proporcionados por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

Finalmente, la Fiscalía envió copia certificada a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) de un caso de allanamiento solicitado por el Fisco Nacional a un domicilio donde posiblemente se realizaría explotación laboral, es decir que se sospecha de la comisión del delito de trata de personas.