22 de octubre de 2017
22 de octubre de 2017 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Requerimiento de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°4
Solicitaron indagar a una fiscal contravencional por abuso de autoridad en el marco de una investigación por ruidos molestos en el ex PADELAI
Se trata de Celsa Victoria Ramírez, a cargo de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°35 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, se requirió el sobreseimiento de otros dos funcionarios del Gobierno de la Ciudad.

La titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°4, Cristina Caamaño Iglesias Paiz, solicitó la indagatoria de la fiscal contravencional Celsa Victoria Ramírez por abusar de su autoridad en el marco de una investigación por actividades desarrolladas, sin autorización, en el predio del ex Patronato de la Infancia (PADELAI), ubicado en la calle Balcarce al 1100, en el barrio porteño de San Telmo.

Asimismo, la representante del Ministerio Público Fiscal postuló el sobreseimiento de Sergio Gabriel Constantino, ex secretario de Descentralización de la Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y de Jorge Gabriel Borges, ex titular de la Dirección General de Mantenimiento del Espacio Público Comunal que dependía del área de Constantino.

En su presentación, la fiscal Caamaño consideró que la fiscal Ramírez, en el marco de un expediente “en el cual se investigaban contravenciones cometidas por la organización y puesta en marcha los días domingos de una peña en el predio del ex PADELAI, abusó de la autoridad legalmente conferida a su investidura al omitir investigar los hechos que configuraban el objeto de la causa a su cargo, realizando un sinnúmero de actos procesales” que guardaban relación con otra investigación que llevaba adelante el Juzgado Contravencional N°13, y en el que el Ministerio Público de la Ciudad no era parte por haber desistido de la acción. Además, la fiscal Ramírez habría obrado sin autorización del juez interviniente y dispuesto “medidas cautelares restrictivas de derechos constitucionales sobre personas ajenas a los hechos denunciados, a la vez que celebró audiencias de composición y/o mediación en los que intervinieron entidades estatales que no eran parte del conflicto que se debía investigar”.

La investigación

La pesquisa se inició cuando la querella del expediente contravencional que lleva adelante Ramírez denunció “que se habría extralimitado en sus funciones el 18 de abril del 2016 cuando, tras el ingreso violento de personal policial al predio del ex PADELAI (…) entró al lugar la mencionada funcionaria, expulsando a los moradores del lugar pese a su negativa, para luego los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –Sergio Constantino y Gabriel Borges- cerrar con chapas el sector de la calle Humberto Primo, y citar a las familias a presentarse al otro día en la Fiscalía para arreglar económicamente y que se fueran del predio”.

Además, el denunciante consignó que Ramírez “habría actuado sin orden del juez competente, y obligado a personal policial a realizar cacheos y requisas de mujeres y niños, a la vez que compelió a los moradores del lugar a hacer abandono de su lugar de residencia, manifestando la funcionaria que si no se retiraban serían sometidos a desalojos violentos”.

También se denunció a Sergio Constantino y Gabriel Borges como los responsables de dar “la orden para que el personal a sus órdenes ingresara al predio en cuestión, y comenzara a demoler el edificio, a la vez que sus empleados se colgaron del medidor sito en Humberto Primo 250 de esta Ciudad para abastecer maquinarias, como asimismo usurparon el predio ya que no poseen una orden judicial que los habilitara a permanecer en su interior”.

Denuncias por el PADELAI

Conforme señaló la fiscal Caamaño en su presentación, el conflicto por el edificio del ex Patronato de la Infancia tiene casi 30 años. En el año 2009, el GCBA tomó posesión del inmueble y le otorgó su concesión al Centro Cultural de España en la Argentina. En el año 2012, personas vinculadas a la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo San Telmo Ltda. se establecieron en el inmueble. Todo ello ocurrió en el marco de un debate judicial en torno a cuál de las entidades es dueña del 70% de la propiedad.

En mayo de 2012, el director del Centro Cultural de España en la Argentina denunció por usurpación a un grupo de personas que ingresaron al inmueble, el cual, desde el año 2003, no se encontraba en condiciones de ser habitado ante un eventual peligro de derrumbe. La investigación quedó a cargo de la titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°11, María Valeria Massaglia, quien –tras varias e infructuosas mediaciones- y ante la imposibilidad de individualizar a los responsables, desistió de la acción penal, ante lo cual la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se constituyó como querellante e impulsó la pesquisa.

En julio de 2015, vecinos del barrio de San Telmo denunciaron que en el patio descubierto de la parte usurpada del ex PADELAI, funcionaba los domingos un centro cultural, donde tocaban grupos musicales que causaban ruidos molestos, y que se vendían alimentos y bebidas alcohólicas. La presentación recayó ante la Fiscalía que dirige Ramírez, quien se entrevistó con los afectados, entre ellos, un residente del ex Patronato de la Infancia. Así, delimitó la investigación a determinar si los ocupantes del predio utilizaban el mismo para desarrollar tareas para las cuales no tenían licencia, permiso ni habilitación.

Asimismo, llevó a cabo una serie de medidas tales como implantar una consigna policial para que controle el ingreso y egreso de personas al predio; se constituyó en el predio el 18 de abril de 2016 para desarrollar una mesa de dialogo con los ocupantes; avaló la colocación de un vallado metálico sobre el perímetro del inmueble; y realizó audiencias de mediación con intervención de organismos del GCBA para llegar a un acuerdo económico con los ocupantes del predio para lo abandonaran.

Ante ello, y por la impugnación del Ministerio Público de la Defensa, la jueza de la causa, Cristina Lara, no convalidó las medidas adoptadas por Ramírez, sobre el entendimiento que las mismas no guardaban relación con el objeto procesal delimitado por la propia fiscal y que, en realidad, tenía más vinculación con la investigación por usurpación. Sin embargo, la fiscal Ramírez realizó más audiencias de conciliación –cuyos acuerdos no fueron homologados por la jueza- hasta que finalmente postuló el archivo de la investigación por falta de pruebas para realizar una acusación contra los habitantes del ex PADELAI.

En virtud de las pruebas colectadas, la fiscal Caamaño consideró que había elementos suficientes para que el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°32, Santiago Quian Zavalía, indagase a la fiscal Celsa Victoria Ramírez por haber incurrido en conductas que encuadrarían en el delito de abuso de autoridad.

Asimismo, en relación a los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Sergio Constantino y Gabriel Borges, quienes estaban acusados de haber intervenido en los hechos activamente, la fiscal Caamaño postuló su sobreseimiento. En tal sentido señaló que “no se advierte cuál fue la intervención de los nombrados en todo el accionar desplegado por la fiscal Ramírez, si esta mismo incluso fue ilícita, a la vez que ni siquiera figuran sus nombres en el acta de procedimiento llevado a cabo el 18 de abril de 2016, no existiendo a la fecha testigos que puedan dar cuenta de lo contrario”.

También, postuló el sobreseimiento de Constantino y Borges en relación a la supuesta orden que habrían dado para que personal a su cargo ingresara al predio del ex Patronato y comenzara a demolerlo, como así también que éstos se habrían colgado de un medidor y habrían usurpado el predio, al no poseer una orden judicial. Ello “ante la imposibilidad de corroborar la verosimilitud de los hechos denunciados por la querella”.