El titular de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal Nº7, Ramiro González, solicitó elevar a juicio oral y público la causa que tiene como imputado a Amado Boudou, para ese entonces Ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, por el delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública. En el expediente se investiga una posible maniobra defraudatoria llevada a cabo desde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, mediante la cual se habría desvirtuado lo que en principio era un proceso de licitación pública a fin de adquirir veinte automóviles, hacia la compra de diecinueve vehículos mediante una subasta organizada por cuenta y orden de la firma Guido Guidi SA, lo que se asemejó a una contratación directa, la cual además se hizo por un precio desfavorable para las arcas nacionales.

El representante del MPF solicitó la elevación a juicio de: Amado Boudou, Daniel Gustavo Reposo (ex titular de la Sindicatura General de la Nación), Álvaro Palencia Reffino (ex Director de Asuntos Administrativos, Laborales, Contractuales y Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación), Benigno Alberto Vélez (ex Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación), Fernando Guidi (Presidente de la firma Guido Guidi SA) y Guido Guidi (Vicepresidente de la firma Guido Guidi SA). Los primeros dos acusados están imputados en calidad de coautores  del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la Administración Pública en concurso ideal con el delito de uso de documento público falso, en tanto el resto como partícipes necesarios de dicho delito.

La fiscalía tuvo por acreditado que “los sucesos desplegados por diferentes funcionarios pertenecientes a la administración pública tuvieron como fin maquillar lo que en realidad habría sido una compra directa de 19 automotores efectuada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, a la firma Guido Guidi SA, por un importe perjudicial para el Estado. Tal maniobra habría obedecido a una decisión del titular de la mentada cartera ministerial (Amado Boudou) de comprar vehículos ofrecidos por una ´firma amiga´, trámite que no podría haber transcurrido con la celeridad e irregularidades detalladas, a menos de que contara con el aval de la más alta autoridad ministerial”.

Entre los argumentos que motivaron la elevación a juicio de los procesados, el representante del MPF sostuvo que el Ministerio de Economía no manifestó en el correspondiente expediente administrativo cuál era la necesidad de adquirir los vehículos. En este sentido, refirió que los implicados manifestaron durante sus declaraciones indagatorias que: “la adquisición de tales automóviles era absolutamente necesaria, lo cierto es que a los pocos días de adquirir dichos rodados, nueve de ellos fueron cedidos –mediante contratos de comodato- a otros ministerios -tales como Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación-  pese a que no consta un pedido formal de tales ministerios que justificara los comodatos”.

La causa tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 12 a cargo de Sergio Torres.