Diego Iglesias, a cargo de la Fiscalía N°1 de Lomas de Zamora y el titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Abel Córdoba, solicitaron que 25 efectivos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) sean indagados en una causa por las llamadas “bienvenidas” realizadas a detenidos que eran trasladados desde la cárcel de Devoto al penal de Ezeiza. Entre los imputados, figura el Jefe de Turno Darío Herrero y el jefe de grupo de Requisa, Gustavo Cabrera.

En el expediente, donde interviene el juez federal Alberto Santa Marina, se investigan las torturas que habrían sufrido nueve personas la madrugada del 8 de septiembre de 2011. Según consta en el pedido de los representantes del Ministerio Público, después de la revisación médica, las víctimas fueron trasladadas juntas a una oficina. Allí, los hicieron ingresar a otro lugar, esta de vez de manera individual. Una vez dentro, los obligaban a desnudarse totalmente y los ponían de espaldas, para que no pudieran identificar a los agresores. Inmediatamente después, comenzaron los puñetazos, patadas o cachetazos contra el detenido, además de amenazas: “Llegaste a Ezeiza, esto no es Devoto”. Cabe destacar que mientras los hombres encerrados eran torturados, el resto escuchaba los gritos y las agresiones.  Para Iglesias y Córdoba, esto era realizado para que tuvieran “plena conciencia de lo que estaba sucediendo, así como también tuvieran conciencia del hecho de que ese destino era el que les esperaba a ellos al momento de su turno de ingreso a la sala”.

La práctica es conocida en la jerga penitenciaria como “la bienvenida”, un procedimiento que constituye, según los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un ejercicio ilegal de violencia institucional que el Estado, a través de todos los poderes que lo componen, “está obligado a investigar y sancionar”.

Iglesias y Córdoba remarcaron que, tal como lo determinó la Corte Suprema de Justicia “las bienvenidas” son una “flagrante violación del derecho a la integridad personal” (artículo 5 de la Convención Americana). Esto se debe que a las víctimas reciben, por parte de personal estatal “un trato cruel, inhumano y degradante estrictamente prohibido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, específicamente por la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, inhumanas o Degradantes  en el marco de un manifiesto ejercicio ilegal de violencia institucional”.

Según la declaración de las víctimas, el grupo que los golpeó estaba conformado por las autoridades del Módulo de Ingreso, así como el jefe de Requisa, quienes daban las órdenes tanto en cuestiones administrativas como cuándo empezar o cesar con las agresiones al personal penitenciario. Uno de los detenidos relató que un efectivo del grupo de Requisa le refirió que si hacía una denuncia “le iba a ir muy mal”. Declaró, además, que luego de presentar un habeas corpus, fue llamado por el jefe de módulo y que éste le dijo: “Esta no es forma de manejarte, te va a ir muy mal”.

“Tu vida vale una caja de pastillas”, recordó una de las víctimas que le manifestó el jefe de turno. Otro de los denunciantes sostuvo que si bien conocía “la bienvenida” por haber estado detenido varias veces, pero que en esa oportunidad “se les fue la mano, pegaban con ensañamiento y de gusto”. En la causa constan los informes del Cuerpo Médico Forense, que dan cuenta de las lesiones físicas sufridas.