El juez de primera instancia había dispuesto el procesamiento de Julio José Colombres por considerarlo presunto autor responsable del delito previsto y penado por el art. 55 -primer párrafo- de la ley 24.051, es decir, en este caso, por contaminar de un modo peligroso para la salud, cursos de agua interjurisdiccionales.

Colmbres, responsable de la empresa SER SA que explota el ingenio azucarero Ñuñorco, apeló esa decisión. Sin embargo, por acuerdo de la mayoría de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, se confirmó en todas sus partes la sentencia del juez y, asimismo, la tarea realizada por el fiscal general Antonio Gómez.

Los tres jueces del tribunal que conformaron la mayoría señalaron que, en el caso, “se encontraría acreditada -con el grado de provisoriedad que habilita esta etapa procesal- la presunta responsabilidad de Julio José Colombres […] por haber contaminado cursos de agua de carácter interjurisdiccional, creando así un peligro jurídicamente desaprobado para la producción del resultado, siendo el resultado la realización de ese mismo peligro”.

Para esto, convalidó los informes de los peritos de la Dirección de Policía Científica -División Medio Ambiente- de Gendarmería Nacional y de los ingenieros Pedro Jorge Albornoz y Juan Alberto Ruiz, en respuesta al pedido de colaboración técnica efectuado por el fiscal general a la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Tucumán. En ambos documentos se informaba que el agua analizada, que habría sido contaminada por el ingenio Ñuñorco, presentaba valores elevados para el parámetro de Demanda Química de Oxígeno de acuerdo a lo estipulado por la resolución 963/99 de la Secretaría de Ambiente de la Nación, a la vez que se advertía de la peligrosidad para la salud humana y de otras especies debido a esos valores.

La cámara también señaló que Colombres, “a pesar de haber tenido conocimiento de las consecuencias contaminantes de los efluentes líquidos que liberaba la planta, no realizó las obras ni las adecuaciones pertinentes para evitar dichas consecuencias”. Y destacó, a la vez, que resultaba irrelevante “para modificar dicho criterio que el nombrado haya firmado acuerdos que él afirma estar cumpliendo, en tanto ello no lo libera de la responsabilidad penal prevista en la ley 24.051”.