La fiscal general ante los Tribunales Orales de la Capital Federal, Mónica Cuñarro, alegará este viernes en el marco del juicio a tres pacientes adultos del centro de rehabilitación para la drogadependencia "Configuraciones", acusados del abuso sexual a una adolescente de 16 años, también paciente del lugar. La exposición de la fiscal, quien actúa en el proceso con la asistencia de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) y la Dirección General de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas (DOVIC), tendrá lugar luego de las últimas declaraciones de peritos y de testigos, entre ellos, los responsables del establecimiento.

El juicio unipersonal está a cargo del juez Luis Salas, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº1. Los tres varones, mayores de edad, llegaron a esta instancia acusados de haber sometido sexualmente a la niña en reiteradas ocasiones.

Los hechos ocurrieron en 2012 cuando la víctima ingresó al centro “Configuraciones”. Los imputados se valieron de su rol de referentes para abusar de la adolescente tanto dentro del establecimiento como en las casas de los agresores.

El perito del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Martín Segovia, declaró en el juicio que en el momento de los hechos la víctima no se encontraba en condiciones de consentir libremente dichos actos y que esa circunstancia “era advertible para los terceros al momento de su ocurrencia”. Indicó que los hechos le causaron a la víctima stress post traumático y que, además, fue objeto de violencia de género.

Según la acusación, los imputados amenazaron a la adolescente para que no comunicara los hechos a la institución porque de lo contrario su madre correría peligro.

Al tiempo que comenzó el tratamiento en el centro de rehabilitación, los padres de la víctima notaron cambios negativos en su conducta. Cuando se dirigieron a la institución en busca de explicaciones, los profesionales de “Configuraciones” les informaron que su hija había incumplido el reglamento interno y la responsabilizáron por lo sucedido. Los imputados negaron los hechos y alegaron que la adolescente se vestía provocativamente y que hacía alusión a la vocación de actriz porno.

El nombre de la víctima se preserva públicamente de acuerdo al artículo 8º de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral a las Mujeres.