La titular de la Dirección General sobre Políticas de Género, Romina Pzellinsky, intervino en el auditorio del Congreso de la Nación de un foro de mujeres en el que se debatió sobre políticas antipunitivas contra la violencia de género. Participaron también la defensora general de la Nación, Stella Maris Martinez, la coordinadora del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Laurana Malacalza, la representante de Red de Mujeres Sabrina Cartabia, la integrante del Espacio de Géneros de la Asociación de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires Laura Sotello y la jurista italiana Tamar Pitch, referente del feminismo europeo, quien además presentó en Buenos Aires su libro "Contra el decoro y otros ensayos".

"Identificamos diversos obstáculos generales en el abordaje judicial de la problemática, más allá de la coyuntura de cada jurisdicción", destacó Pzellinsky. Además, consideró que esta problemática no admite "respuestas mágicas o envasadas", "sino políticas públicas integrales, es difícil que solamente desde la justicia podamos dar respuestas".

La representante del MPF explicó que mediante un convenio con la Oficina de Violencia Doméstica se buscó, en base a la legislación de avanzada tanto nacional como internacional, desandar el escaso avance de las investigaciones y su consecuente archivo. Además, recordó que pese a la multiplicidad de fueros que conviven en la Capital Federal -CABA, Justicia Nacional en los Criminal y Correccional y Civil -familia-, es importante la articulación y que se efectúe la unificación de las causas en el ámbito penal cuando es posible. En este sentido, subrayó que se trabaja articuladamente con otras instituciones como la Defensoría General de la Nación.

Pzellinsky puntualizó que muchas veces los operadores judiciales actúan con poco conocimiento de la problemática y que todavía se percibe un descreimiento de la palabra de la mujer víctima de violencia de género. Siguen sucediéndose citaciones reiteradas y  se realizan pericias "para buscar índices de fabulación" -cosa que no sucede en otro tipo de casos, y que implican prácticas que tienden a la revictimización y que basan en visiones estereotipadas.

Respecto del trabajo realizado por el MPF, Romina Pzellinsky refirió que se trabaja articuladamente con las fiscalías y con intención de fijar pautas de actuación, desarrollando herramientas sobre cuatro ejes: la necesidad de protección a la integridad física y psíquica de la mujer que denuncia, la exhaustividad y proactividad en la investigación de los hechos, la participación y acompañamiento de las víctimas en todas las fases del proceso - disminuyendo su revictimización, que implica una intervención interdisciplinaria articulada con otros organismos como la DOVIC- y el juzgamiento de los hechos de tal manera que se dé una respuesta ajustada a su gravedad.

Por su parte, Tamar Pitch expresó que "la cultura jurídica interna es la cultura del operador del derecho. Se ha demostrado que es más importante cómo se implementa la norma que la norma en sí". Relató que en su país Italia, no tienen una ley integral contra la violencia, y que la normativa habla de "maltrato de familia". Remarcó que la cuestión de la violencia contra la mujer o el femicidio son usados en Italia de manera instrumentada, que recientemente se comenzó a hablar de femicidio y se lo incluyó en un sistema de emergencia llamado "paquete de seguridad" y razonó entonces que "la violencia contra la mujer fue utilizada" para implementar normativa que nada tenía que ver. Resaltó que tampoco existe en Europa un Ministerio de Defensa Pública -que es creación latinoamericana-y concluyó "lo primero es la importancia del cambio de la cultura jurídica interna, la policía, la magistratura, los abogados".