El fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Daniel Adler, sostuvo en audiencia pública la acusación contra un suboficial del Ejército, acusado de un caso de abuso sexual con acceso carnal, del que fuera víctima una soldado voluntaria en el ámbito del Grupo de Artillería de Antiaérea -GADA- 601. “Estamos ante un hecho sumamente grave”, sostuvo, y pidió al tribunal habilitar la instancia de juicio oral y público. Además, el representante del MPF pidió poner atención a las situaciones de acoso o abusos contra mujeres que se dan en espacios donde hay órdenes por jerarquías.

Luego de escuchar a Gonzalo La Menza, abogado defensor del imputado, quien pidió se deje sin efecto el procesamiento, adujo que no se encuentra acreditada la materialidad delictiva y que no habría más elementos que “la mera denuncia” de la víctima, el representante del MPF confrontó sus argumentos echando mano a los elementos de prueba de la causa.

En primer lugar –ante la escucha de los jueces Alejandro Tazza, Eduardo Jiménez y Martín Bava; y el abogado de la víctima constituida en querellante, Ariel Ciano- señaló que la víctima debió relatar tres veces lo sucedido: en la Comisaría de la Mujer, en sede administrativa del Ejército y en Cámara Gesell en el marco del proceso penal, y su testimonio –señaló- mantuvo una cohesión no sólo interna, sino que también se vio respaldada por diversos elementos. En este sentido, se refirió a la pericia médica que habla de una escoriación compatible con una abuso sexual con penetración, los mensajes de Whatsapp que envió a una amiga cuando salió del GADA contando lo sucedido, y el testimonio que está sumado en el expediente sobre lo extraño de que haya salido tres horas después de su horario, lo que también consta en las cámaras de seguridad del lugar.

Por otro lado, desestimó lo dicho por el abogado defensor acerca de que no habría habido indicios de violencia o forcejeos. “Es mentira que no gritó, quiso hacerlo y le taparon la boca, según nos dice su relato; quiso salir corriendo y la sujetaron”, señaló luego. Y en este sentido, reparó en que el acusado admitió ser especialista en artes marciales, aunque se negó a declarar en el Juzgado cuando fue citado a indagatoria.

Adler amplió la visión e hizo referencia en la condición de género de la víctima. “Las mujeres son quienes especialmente sufren situaciones de abuso”, sostuvo y reparó en las convenciones internacionales que obligan al Estado a actuar ante estos casos. A su vez, marcó la situación de subordinación de la víctima respecto al imputado, y reparó en que el testimonio de la mujer dio cuenta de situaciones de acoso previas al hecho. En este sentido, es que pidió poner atención en este tipo de situaciones que se dan en contextos donde hay situaciones de mando o jerárquicas.

En otro orden, el fiscal contrapuso sus argumentos ante el planteo de la defensa que dijo que no estaban dadas las circunstancias de lugar, tiempo y modo ya que no se habría dado el hecho imputado en un “contexto de privacidad” sino en la base del Ejército Argentino. Ante ello, señaló que preparó el lugar, dado que por el horario del hecho, la mayoría del personal se había retirado.

Por último, se refirió a la peligrosidad procesal que el magistrado de primera instancia tuvo en consideración para dictar sobre el imputado la prisión preventiva, y entre distintos elementos reparó en dos: por un lado la investigación por falso testimonio que se abrió respecto a un soldado por su declaración contradictoria en el marco de la causa, y por otro lado, más allá de que se encuentra suspendido en la fuerza, comprendió que puede tener acceso a armas de fuego.

El fiscal  contó  en el caso con la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), que dirige Mariela Labozzetta.