26 de abril de 2018
26 de abril de 2018 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Aprobado por el Procurador General mediante Resolución PGN N°31/2018
Se presentó el Protocolo para la Investigación y Litigio de Casos de Muertes Violentas de Mujeres del Ministerio Público Fiscal
El documento, elaborado por UFEM, con la colaboración de expertos de EUROsociAL y de la Organización de Naciones Unidas, ofrece herramientas prácticas y pautas de actuación para la investigación de casos de femicidio con perspectiva de género.

El Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, encabezó hoy el acto de presentación del “Protocolo para la Investigación y Litigio de Casos de Muertes Violentas de Mujeres”. El documento, creado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) y protocolizado mediante la Resolución PGN N°31/2018, ofrece a las y los integrantes del Ministerio Público Fiscal pautas sencillas y ágiles para actuar ante este tipo de casos, de manera eficaz y con perspectiva de género, a fin de asegurar que la intervención del organismo se desarrolle de acuerdo con estándares internacionales de debida diligencia reforzada, aplicables a la criminalidad de género.

La presentación tuvo lugar en el auditorio de la Procuración General de la Nación, donde el Dr. Casal destacó que la publicación del Protocolo es “la culminación transitoria de un proceso institucional, que va a ser el pilar sobre el cual seguir avanzando”. Además, el procurador general interino destacó el apoyo de los especialistas de los programas EUROsociAL y de la Organización de Naciones Unidas, y remarcó que el documento “avanza sobre las formas de investigación para este tipo de delitos desde la perspectiva de género”.

Tras ello, tomó la palabra la embajadora de la Unión Europea en la Argentina, Aude Maio-Coliche, quien detalló la manera en la que el programa EUROsociAL+ brindó apoyo en la confección del protocolo, a partir del aporte de los expertos Françoise Roth y Miguel Lorente, tanto a la distancia como en visitas realizadas en octubre de 2016 y marzo de 2017, para proponer una adaptación al contexto jurídico local del Modelo de Protocolo Latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio), elaborado por ONU Mujeres y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El Protocolo fue desarrollado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), con el acompañamiento del programa de cooperación entre América Latina y la Unión Europea EUROsociAL+, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de ONU Mujeres. Asimismo, contó con la asistencia técnica de profesionales del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), y con la colaboración de referentes del sistema de justicia (fiscales, jueces, juezas, abogadas/os, y académicas/os).

En el proceso desarrollado para su elaboración, durante los últimos meses, la UFEM realizó una serie de encuentros y jornadas con integrantes del Ministerio Público Fiscal, que incluyeron exposiciones a cargo de Lorente y mesas de trabajo junto con expertos y especialistas, al tiempo que se contó con la colaboración de otras estructuras fiscales especializadas y áreas técnicas del Ministerio Público Fiscal, tales como la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), la Unidad Fiscal de Ejecución Penal (UFEP), la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a Víctimas (DOVIC), la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), la Dirección General de Políticas de Género, la Dirección General de Derechos Humanos y la Dirección de Relaciones Institucionales de la Procuración General de la Nación.

En la presentación del Protocolo, la titular de UFEM, Mariela Labozzetta, destacó el trabajo del equipo de la Unidad Fiscal a su cargo en la elaboración del documento y realizó un repaso histórico del proyecto de creación del documento. “Lo primero que hicimos fue un diagnóstico sobre la intervención de la justicia en estos casos y luego un repaso sobre las estrategias regionales para el abordaje de estos casos, hasta que decidimos que el mejor camino era adaptar el Modelo de Protocolo Latinoamericano a la realidad y contexto jurídico argentinos. Necesitábamos un protocolo que se adaptase a las necesidades del Ministerio Público Fiscal”, destacó. Tras resaltar que la finalidad del protocolo es ofrecer a los y las fiscales una herramienta ágil y práctica para la investigación de estos crímenes, señaló que la próxima etapa será su difusión y la posibilidad de que sea extendida su utilización a los Ministerios Públicos provinciales. “El MPF tiene en el centro de su agenda el abordaje de la criminalidad de género como un fenómeno de alta complejidad. Lo que terminamos de construir es una herramienta de actuación que tiene anclaje en el derecho internacional de Derechos Humanos”, agregó.

Luego, tomó la palabra el Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas, René Mauricio Valdés. El también Representante Residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en la Argentina remarcó que “vivimos una genuina emergencia a nivel global que se llama femicidio. Con genuino espanto asistimos todos los días a un crecimiento desmedido de reportes y casos de violencia contra la mujer en todo el mundo”. Luego de repasar cifras estadísticas de la región, Valdés también destacó que “se debe proceder con prontitud a tomar medidas contundentes. Afortunadamente, siento que en América Latina estamos avanzando mucho gracias al esfuerzo de muchas mujeres y de instituciones como este Ministerio Público Fiscal. Es lo que necesitamos para avanzar en este esfuerzo”.

Por último, fue el turno de Xavier Mena, Representante Regional adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Sud América, quien sostuvo que “los estados deben contar con sistemas de justicia adecuados que aseguren a las mujeres víctimas de las violencias accesos a los mecanismos de la justicia penal y restaurativa”.