La Fiscalía General n°6 y la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) participaron de una audiencia en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional para solicitar que se revoque la decisión del juez de primera instancia de rechazar el pedido del Ministerio Público para que no se clausure la etapa de instrucción y se realicen una serie de medidas pendientes para determinar la intervención en el crimen de un segundo sujeto.

El 11 de noviembre del corriente año, el entonces titular de la Fiscalía de Instrucción N°4, Matías Di Lello, y la responsable de la UFEM, Mariela Labozzetta, requirieron parcialmente la elevación a juicio del caso por uno de los acusados, por entender que estaban reunidos los elementos de prueba suficientes para someterlo a debate por su intervención en el crimen de Diana Sacayán. A la vez,  solicitaron una batería de medidas probatorias para dilucidar la identidad y responsabilidad del segundo hombre que intervino en el crimen. El juez, en desacuerdo con el criterio de los fiscales, negó la realización de las medidas probatorias solicitadas y los instó a formular requerimiento de elevación a juicio.

Dicha decisión fue apelada por la Fiscalía y la UFEM —recurso al que adhirió la querella representada por el hermano de Diana Sacayán— por entender que la elevación a juicio en tales condiciones cerraba la posibilidad de continuar las líneas de investigación aún no zanjadas.

Durante la audiencia, los representantes del Ministerio Público —Amelotti y Labozzetta— brindaron ante el tribunal de alzada las razones por las cuales el fallo firmado por el juez Gustavo Pierretti debía revocarse para que la investigación avanzara en pos del esclarecimiento del crimen. A tal fin, se detallaron las medidas de investigación pendientes, haciendo hincapié en la transcendencia de su realización.

Por su parte, la abogada representante de la querella, Luciana Sánchez, acompañó la posición del Ministerio Público y destacó la relevancia pública de este caso, por la calidad de defensora de derechos humanos de Diana Sacayán y el impacto de su asesinato en toda la comunidad LGTBI. A la vez, hizo referencia a las obligaciones del Estado argentino en la investigación eficaz y con debida diligencia de los crímenes de género.

Tras la audiencia, un nutrido grupo de representantes de distintas organizaciones de defensa de los derechos humanos —Comisión de Familiares y Compañerxs de Justicia Por Diana Sacayan- Basta de Travesticidios, Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL), Conurbanos Por La Diversidad, Comunidad Homosexual Argentina (CHA), Bachillerato Popular Trans Mocha Celis y Otrans Argentina— y de la Comisión de Justicia por Diana Sacayán, se reunió en la UFEM con su titular y con la Fiscal Cristina Caamaño, quien recientemente reasumió la titularidad de la Fiscalía de Instrucción n° 4.

Durante la extensa reunión, los familiares e integrantes de la Comisión le acercaron a las Fiscalas sus inquietudes acerca de la continuidad de la investigación, la relevancia de que el caso se resuelva definitivamente y el impacto que ha tenido en el colectivo trans. Por otro lado, les manifestaron su apoyo y destacaron la participación del Ministerio Público Fiscal en la investigación del caso con perspectiva de género y diversidad, y su visiblización como un travesticidio.