La Cámara Nacional de Apelaciones revocó el pasado 23 de diciembre la decisión del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N°33 que había denegado el pedido de la Fiscalía y la UFEM de mantener abierta la etapa de investigación y realizar medidas de prueba adicionales para determinar la identidad y responsabilidad del segundo hombre que habría intervenido en el crimen de Diana Sacayán.

El representante de la Fiscalía General ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional N°1, Nicolás Ameloti, y la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, solicitaron que —sin perjuicio de la elevación parcial a juicio formulada respecto de uno de los imputados—se realizaran una serie de diligencias pendientes para determinar la intervención en el crimen de un segundo acusado.

Al reclamo, también adhirió la querella representada por el hermano de la víctima. Tras la audiencia, en la que se expuso esta posición de las partes acusadoras, la segunda querella representada por el INADI decidió adherir a los argumentos de la Fiscalía y desistir del original requerimiento de elevación a juicio que presentara por ambos acusados.

Los representantes del MPF sostuvieron que del análisis global de la causa surgían otras líneas de investigación que podrían permitir identificar al otro autor del homicidio de Diana Sacayán.

La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones hizo lugar al pedido realizado por el MPF, a la vez que destacó la pertinencia del reclamo y la profusa argumentación realizada, y sostuvo que las medidas de pruebas solicitadas eran necesarias para despejar los interrogantes que aún persisten en el hecho.

El 11 de noviembre, el entonces titular de la Fiscalía de Instrucción N°4, Matías Di Lello, y Labozzetta requirieron parcialmente la elevación a juicio del caso por uno de los acusados, por entender que estaban reunidos los elementos de prueba suficientes para someterlo a debate por su intervención en el crimen de Diana Sacayán. A la vez, solicitaron una batería de medidas probatorias al juez instructor, quien en desacuerdo con el criterio de los fiscales, había negado su realización y los había instado a formular requerimiento de elevación a juicio.