El fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, Diego Velasco, alegará esta tarde en el juicio que se le sigue al ex juez federal Manlio Torcuato Martínez por su intervención en los homicidios de cinco personas y en el secuestro de otra durante la última dictadura cívico-militar.

Velasco expondrá junto al fiscal ad hoc Agustín Chit y al titular de la Oficina de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de Tucumán, el fiscal federal Pablo Camuña, ante los jueces Norberto Cataldi, José Fabián Asis y Mario Eugenio Garzón.

El alegato está previsto para primera hora de esta tarde, luego de que expongan las partes querellantes durante la mañana.

El ex juez Martínez es juzgado como miembro de una asociación ilícita en los delitos de abuso de autoridad, violación a los deberes de funcionario público y denegación y retardo de justicia en los homicidios calificados de María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses y Atilio Brandsen, quienes fueron ejecutados durante un allanamiento ilegal perpetrado el 20 de mayo de 1976 en una casa situada en Azcuénaga 1816/1820 de San Miguel de Tucumán.

En la fase de instrucción de la causa seguida a Manlio Martínez, la Cámara Federal de Tucumán había señalado que el ex juez actuó “garantizando que los hechos ilícitos cometidos por los miembros de las fuerzas armadas que llegaron a su conocimiento en su carácter de juez penal, no fuesen investigados ni por él ni por ningún otro magistrado, de modo de proveer segura impunidad a sus autores”.

El acusado también llegó a juicio por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, prevaricato y privación ilegítima de la libertad de Miguel Atilio Romano, propietario de la vivienda donde se había llevado a cabo la matanza, quien seis días después de los asesinatos se presentó espontáneamente en el juzgado entonces a cargo de Martínez.

El magistrado indagó a Romano sin la presencia de un defensor y luego dispuso la detención a disposición de la Policía provincial, que lo interrogó y confinó en centros clandestinos de detención con conocimiento del juez. Romano, quien sufría una enfermedad mental severa, pasó más de un año detenido con prisión preventiva acusado de asociación ilícita, hasta que el propio juez Martínez le dictó el sobreseimiento el 25 de agosto de 1977.