El juez federal de Neuquén Gustavo Villanueva ordenó el allanamiento de domicilios de Cipolletti, de la capital neuquina y de Villa Pehuenia correspondientes al ex juez y al ex fiscal acusados por crímenes de lesa humanidad, Pedro Laurentino Duarte y Víctor Marcelo Ortiz, en busca de documentación sobre la época del terrorismo de Estado, al tiempo que fijó fecha para tomarles declaración indagatoria para el 20 y el 22 de mayo, respectivamente.

Villanueva, quien rechazó disponer la detención, además dispuso recibir indagatoria a los ex jueces de la dictadura de Neuquén, María Ester Borghelli de Poma (28 de mayo); y de General Roca, Mirta Ebe Fava (2 de junio) y Cecilio Alfredo Pagano (12 de junio); y al ex fiscal de General Roca, Hernán Etcheverry (4 de junio).

De esta forma, el juez dio curso al pedido formulado por los fiscales generales a cargo de la Unidad que interviene en Neuquén en causas por crímenes de lesa humanidad, Adrián García Lois y Miguel Ángel Palazzani. El viernes pasado, los representantes del Ministerio Público Fiscal habían reiterado al juez el pedido de detención e indagatoria de Duarte y Ortiz, solicitud que había sido formulada inicialmente en diciembre de 2013 y que incluía además a Borghelli, Fava, Pagano y Etcheverry, entre un total de nueve ex magistrados que prestaron funciones en la dictadura y que -en el entendimiento de la fiscalía- contribuyeron a la ejecución del plan criminal.

Los allanamientos dispuestos por Villanueva se realizan desde las 11:00 en el domicilio de Ortiz en Cipolletti, provincia de Río Negro; en dos fincas de Neuquen donde vive y ejerce su profesión de abogado Duarte, y en una casa de este último situada en la localidad de Villa Pehuenia. "No es posible descartar la existencia, en poder de los imputados, de elementos documentales de utilidad para la investigación en curso, tales como anotaciones, publicaciones, manuscritos, libros, agendas, fotos, periódicos, cartas, etc.", justificó la medida el juez.

El magistrado destinó la mayor parte de su resolución de ocho carillas para argumentar que no es necesaria la detención de Duarte y Ortiz que pidieron los fiscales García Lois y Palazzani. Citó la resolución de la Cámara Federal de Bahía Blanca que le garantizó la libertad durante el proceso al empresario periodístico Vicente Massot y basó su negativa en que no existen "reales y concretos peligro de fuga o de entorpecimiento de la pesquisa", porque los imputados "comparecieron de inmediato" al juzgado, viven en sus lugares de residencia hace cuarenta años y cada vez que viajaron "solicitaron autorizaciones".

En efecto, Villanueva les había dictado con anterioridad la prohibición de salida del país. Y ahora, ademas, el juez adicionó a Duarte y Ortiz la obligación de presentarse todos los viernes en la sede de la Unidad Fiscal. "Estimo que esa sede -y no otra- es la que resulta más apropiada para el cumplimiento de esta medida, pues además el propio control por parte de los representantes del Ministerio Público impedirá el contacto periódico con personal -judicial o de las fuerzas de seguridad- que circunstancialmente tengan que materializar alguna actuación ordenada por el suscripto", indicó Villanueva.

Para la Fiscalía, los magistrados imputados prestaron una colaboración "indispensable" al personal de las fuerzas armadas y de seguridad, para la perpetración de delitos de lesa humanidad. En la región, la represión ilegal fue conducida por la Jefatura de la Subzona de Seguridad 52 a cargo del Comando de la Brigada de Infantería de Montaña VI, con sede en Neuquén capital.

El caso paradigmático es el Duarte, quien fue oficial y auditor del Ejército en esa unidad militar hasta un mes antes de asumir el cargo de juez federal de Neuquén en agosto de 1976 para "dar cobertura judicial" a sus compañeros de armas, indicaron los fiscales.

En el pedido de indagatoria de los ex funcionarios, los fiscales destacaron que los imputados, pese haber estado a su tiempo "llamados a intervenir para poner fin a los flagelos infligidos en el área local por la dictadura y hacer valer las garantías constitucionales de los ciudadanos, optaron por desamparar a las víctimas del terrorismo de Estado prestando al aparato represivo estatal instalado en la zona" neuquina y del Alto Valle de Río Negro, "al servicio de un gobierno sedicioso", una adecuada cobertura judicial y garantía de impunidad.

Las conductas de los funcionarios, analizadas en su intervención en expedientes judiciales, se tradujeron en la falta de investigación de los secuestros denunciados por los familiares de las víctimas, el rechazo de los habeas corpus y la apertura de causas a los secuestrados en el marco de ley "antisubversiva", N° 20.840, que por entonces sirvió para blanquear detenciones ilegales.