La Unidad Fiscal de Bahía Blanca que interviene en los casos de terrorismo de Estado expresó su conformidad con la sentencia dictada anteayer por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa ciudad , que condenó a cuatro imputados a prisión perpetua y a otros tres a penas de hasta once años de prisión.

En dialogo con Fiscales, el fiscal Miguel Angel Palazzani manifestó su satisfacción porque “se establecieron las responsabilidades de todos los imputados; y que al cumplir funciones diferentes en el plan represivo -desde guardias del centro clandestino La Escuelita hasta Segundos Jefes de Batallón, pasando por un vocal de un Consejo de Guerra- era importante probar que todos cumplieron un rol criminal en el entramado”.

El tribunal impuso la pena de prisión perpetua a los ex segundos jefes del Batallón de Comunicaciones 181, Carlos Andrés Stricker y Alejandro Osvaldo Marjanov, y a los ex guardias de La Escuelita, Felipe Ayala y Bernardo Cabezón, tal como había sido solicitado por los representantes del Ministerio Público Fiscal.

En tanto, condenó al militar Fernando Antonio Videla a once años de prisión, al ex vocal del Consejo de Guerra Especial Estable de la Subzona de Defensa 51, José Héctor Fidalgo, a tres años y cinco meses de prisión y al  jefe de sección de la Compañía "A" del Batallón de Comunicaciones 181, Ricardo Claudio Gandolfo, a cuatro años y tres meses de prisión.

El tribunal, además, resolvió que las penas sean de cumplimiento en prisiones comunes bajo la jurisdicción del Servicio Penitenciario Federal y solicitó la baja del Ejército del personal militar condenado.

Con respecto a los montos de las penas de estos últimos tres imputados, Palazzani -quien actuó en el juicio junto al fiscal José Nebbia- señaló reveló que la Unidad Fiscal evalúa recurrir la sentencia, ya que en el alegato había pedido condenas de 25 años para Videla y Fidalgo y de 21 años para Gandolfo, y señaló que “para este tipo de delitos no hay otra opción que la pena máxima establecida en el Código Penal, ya que no puede haber atenuantes en ilícitos cometidos desde un aparato organizado de poder que asegura impunidad”.

El fiscal subrayó que “fue importante la declaración de 'inexistencia' de una sentencia dictada por un Consejo de Guerra de la época porque de esta manera reparara la biografía de las víctimas y provoca una restauración material y simbólica en sus vidas”.  Los consejos de guerra eran organismos militares, extrajudiciales, que, en el marco de parodias de juicio, intentaron formalizar las detenciones ilegales de varias de las víctimas.

Palazzani agregó que en esta causa se profundizó la investigación sobre el sector civil en la represión ilegal. En ese sentido, puso de relieve la orden del tribunal para extraer constancias del debate y remitirlas al Juzgado Federal de Primera Instancia sobre lo concerniente a la actuación de quien en esa época fuera Juez Penal Provincial, Francisco Bentivegna.

En la causa que finalmente tuvo sentencia este martes se juzgaron los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad y tormentos, en perjuicio de casi 100 víctimas.